Tuvo que pasar un mes para que el asesinato de Giovanni López a manos de policías municipales de Ixtlahuacán de los Membrillos saliera a la luz pública.
El día 4 de mayo, al filo de las 21:30 horas, un grupo de policías a bordo de al menos siete patrullas, llegaron a la calle Olivio Frantoio, en el fraccionamiento Valles de Los Olivos, en Tlajomulco de Zúñiga.
De acuerdo con versiones de vecinos, los uniformados detuvieron a Giovanni López por supuestamente no usar cubrebocas; sometieron al joven de 30 años y lo subieron a una patrulla a golpes, después el convoy de unidades se retiró del lugar tomando rumbo a la calle Olivio Gorda, en donde apresaron a José con el argumento de grabar con su teléfono celular la detención de Giovanni.
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Ambos jóvenes fueron llevados a la cárcel municipal en donde fueron golpeados con un tubo por los policías. La madre de José narró lo que su hijo vivió durante las horas que estuvo detenido.
José llegó a su casa severamente golpeado, pero con vida. La policía lo llevó a su domicilio en una patrulla, al otro día no fue a trabajar de lo mal que se sentía; tampoco levantó parte médico de lesiones ya que temía por su vida y la de su familia porque fue amenazado de muerte.
Los vecinos de la calle Olivio Frantoio no quieren hablar, pues aseguran que los policías municipales los amedrentaron con levantarlos (desaparecerlos) si decían algo de lo acontecido el 4 de mayo.
Giovanni López era albañil, pero cuando no tenía trabajo los vecinos le pagaban por cuidar las calles. Se la pasaba día y noche custodiando que nadie se metiera a robar a las casas; hacía el trabajo que la policía no hace.
¿Qué dicen las autoridades de Jalisco?
El Fiscal de Jalisco, Gerardo Octavio Solís Gómez, narró que en el informe de hechos realizado por los uniformados que participaron en la detención, no se detalló que Giovanni se negara a usar cubrebocas.
Solís Gómez reveló que existe una investigación abierta en contra de los policías municipales que intervinieron en el hecho, también el director está en la mira, al igual que al alcalde, Eduardo Cervantes Aguilar, quien es señalado de ofrecer 200 mil pesos a los familiares de la víctima que murió para que la noticia no se hiciera pública.
“Las amenazas no es algo que esté comprobado, pero de comprobarse que el alcalde buscó interferir en la investigación, podría ser penalizado como obstrucción de la justicia; si se llega a probar que el alcalde buscó desviar la investigación, incurriría en una irregularidad grave de carácter penal que será investigada por la Fiscalía hasta llegar a las últimas consecuencias”, precisó Solís Gómez.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos, inició una investigación de oficio por las notas periodísticas, el Ombudsman dictó medidas cautelares a favor de los familiares de las víctimas ante la posibilidad de que eran objeto de una venganza.
Mientras que el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, comentó en su cuenta de Twitter: “los hechos ocurridos hace un mes, en Ixtlahuacán de los Membrillos, se están investigando a fondo por la @FiscaliaJal. Si los policías municipales son culpables de cometer un exceso en el uso de la fuerza, serán castigados con todo el peso de la ley”.