Para hacer frente al crimen organizado y disminuir el índice delictivo en Guanajuato, fueron necesarias varias modificaciones al Código Penal local con el fin de castigar con penas de hasta 15 años de prisión actividades como el “halconeo”, el robo a mano armada y actos de terrorismo.
Parte de estos cambios fueron presentadas por el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo en octubre pasado, cuando envió al Congreso del Estado la Iniciativa de reforma a la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato y la Iniciativa de Ley para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia del Estado de Guanajuato y sus Municipios con el objetivo de preservar el estado de derecho y la seguridad pública en la entidad.
Una nueva configuración del Sistema Estatal de Seguridad Pública, ahora integrado por el Consejo Estatal, el Secretariado Ejecutivo del Sistema y la Comisión Estatal de Secretarios o Directores de Seguridad Pública.
Acusados por terrorismo
Fue el 3 de junio del 2011 cuando se publicó la reforma al artículo 245 en el ordenamiento jurídico guanajuatense para imponer prisión de tres a 15 años y de 30 a 150 días de multa a quien “por cualquier medio realice actos en contra de las personas, las cosas o servicios al público que produzcan alarma, temor o terror”.
Cuatro años más tarde, Martín Navarro Escutia, “El Cebollón”, jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación(CJNG), fue el primer acusado de terrorismo por la entonces Procuraduría General de Justicia de Guanajuato (PGJG), al ser buscado por el homicidio del alcalde electo de Jerécuaro, Rogelio Sánchez Galán.
El 21 de febrero de 2018, Carlos Alberto “N” colocó una manta con una amenaza hacia un grupo delictivo sobre el bulevar Adolfo López Mateos, y por lo cual fue sentenciado a 12 años de cárcel acusado por actos de terrorismo.
En octubre del 2018, 33 personas fueron detenidas tras incendiar vehículos, una patrulla y realizar bloqueos en Jerécuaro. En este caso 30 personas recibieron cargos penales por la citada felonía.
El caso más reciente fue el ocurrido el 11 de julio de este año, cuando cuatro hombres y cuatro mujeres fueron vinculados a proceso de oralidad acusados de terrorismo, lesiones y daños a vehículos oficiales.
Lo anterior derivó durante una manifestación y bloqueo en la carretera Celaya-Salamanca, por la muerte de Leonardo “N”, un joven que falleció durante una persecución por parte de agentes de las Fuerzas Especiales de Seguridad Pública (FSPE).
Contra halconeo
En marzo de este año, el Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso local presentó una iniciativa de reforma y adición al Artículo 222 del Código Penal para aumentar penas a servidores públicos que faciliten información para que miembros del crimen organizado entorpezcan o eviten que corporaciones de seguridad cumplan sus funciones, les provoquen un daño o comentan un delito.
Tras ser consultada y analizada por otros organismos judiciales, el pasado miércoles 31 julio fue aprobaba por unanimidad en sesión extraordinaria y de manera unánime por los legisladores locales.
De esta forma, y de acuerdo a lo estipulado en el 222-a, se establecen penas de hasta 13 años y seis meses de prisión a integrantes corporaciones policiacas, procuración, impartición de justicia, o de ejecución de penas que realice cualquier acto tendiente a obtener y proporcionar información sobre las actividades de sus colegas.
También se adicionó el artículo 222-b para sancionar con hasta 7 años y medio de prisión y 75 días de multa a civiles que sean encontrados culpables de acechar, vigilar, o proporcionar información sobre las actividades oficiales de integrantes de instituciones de seguridad pública.
Los mismos cargos se aplicarán cuando se utilice a menores de edad o a quienes no tienen la capacidad para comprender el significado del hecho y cuando se utilicen equipos que permitan la intervención, escucha o transmisión de información de los canales de comunicación oficiales de instituciones de seguridad pública.
Por medio de dicha actividad (halconeo) las redes del crimen organizado pretenden obtener información privilegiada, con el fin de utilizarla para conocer y avisar a terceros la ubicación y movimientos de los operativos en su contra, propiciando un clima de incertidumbre y poniendo en riesgo la integridad física de los integrantes de las instituciones de seguridad pública”, expresó en su momento la diputada panista e impulsora de la iniciativa, Cristina Márquez Alcalá.
Penalizan robo a mano armada
En esa misma sesión y a propuesta de la bancada priista, fue aprobada la eliminación del beneficio de pago de reparación del daño en delitos de robo; también se tipificó como “robo calificado” cuando se utilicen armas de fuego, armas blancas o ambas, con una sanción de hasta ocho años de cárcel.
En concreto, se modificó el Artículo 194 del Código Penal de Guanajuato, con la adición de dos párrafos en el que se dispone que si el robo se comete con uso de armas, la sanción privativa de libertad será de ocho años; en el segundo se define lo que debe entenderse como arma de fuego.
En voz del diputado Hugo Varela Flores, el Grupo Parlamentario del PRI reconoció que la iniciativa se presentó apenas hace un mes atrás y que ayer se aprobó, al destacar “la celeridad, puntualidad y eficiencia de la Comisión de Justicia” y de todos sus miembros de distintas fuerzas políticas.
Datos del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública demuestran que durante el 2018, el delito de robo fue el que más casos registró en Guanajuato, con 42 mil 982, lo que posicionó a la entidad en el cuarto nivel a nivel nacional, por debajo del Estado de México, Ciudad de México y Jalisco.
Al respecto el legislador comentó: “de momento no encontramos otro medio a nuestro alcance que proponer un mayor castigo para que quienes cometan estos ilícitos con el amenazante uso de las armas sin distinguir si estas son de fuego o “armas blancas”, porque en manos de criminales, ambas lesionan por igual”.