MÉXICO.- Al cumplirse cuatro años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Marina han gastado 132 millones 934 mil pesos para tratar de encontrar a los estudiantes secuestrados en Iguala por el grupo criminal Guerreros Unidos, organización delictiva que se presume los asesinó y calcinó.
El mayor monto de recursos, 84 millones 259 mil pesos, ha sido usado por la PGR; como parte de la indagatoria ha logrado detener a 131 personas presuntamente involucradas en los sucesos del 26 y 27 de septiembre de 2014, suscitados en las localidades guerrerenses de Iguala y Cocula.
La dependencia federal tiene pendiente por cumplimentar cinco órdenes de aprehensión, entre ellas, contra Alejandro Temescalco, El Patrón, quien se presume estuvo en diversos eventos, donde los estudiantes fueron levantados y asesinados.
Durante la indagatoria se han realizado mil 700 búsquedas para dar con el paradero de los estudiantes; más de la mitad fueron propuestas por los padres y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), sin que ninguna haya arrojado una pista diferente a la denominada “verdad histórica” que, según la PGR, apunta a que los cuerpos fueron calcinados en el basurero municipal de Cocula.
Funcionarios federales explicaron que los hallazgos, resultado del intercambio internacional entre México y Estados Unidos, en especial de la DEA y PGR han demostrado que cinco líneas propuestas por el GIEI no tienen sustento: la del quinto camión, la supuesta participación de los militares en el secuestro de los normalistas, la participación del grupo Los Rojos y sobre todo el robo de droga.
Hasta el momento no se ha logrado comprobar que los normalistas hayan sido llevados a un lugar distinto al basurero de Cocula, donde presuntos integrantes de Guerreros Unidos afirman que asesinaron y calcinaron los cuerpos de los estudiantes.
Este aniversario también se da en medio de una polémica, porque el 30 de mayo del presente año el primer tribunal colegiado del décimo noveno circuito ordenó crear la Comisión de la Verdad del Caso Iguala, bajo el argumento de que la pesquisa de la PGR no fue “imparcial” e independiente y hay indicios de que los principales acusados fueron torturados, fallo que la dependencia federal asegura es imposible de acatar.
La resolución derivó del amparo otorgado a Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo, Salvador Reza Jacobo, El Wereke; Gildardo López Astudillo, El Gil, y Miguel Ángel Landa Bahena, El Chequel, a quienes se ordenó reponerles el procedimiento y que peritos independientes les practiquen el Protocolo de Estambul; ellos son los principales acusados de la desaparición de los estudiantes.
La PGR reconoce que indaga desde 2016 al menos cien casos de posible tortura en este asunto; la Coordinación General de Servicios Periciales ha recabado 12 dictámenes médicos/psicológicos especializados para casos de posible tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos; a la fecha se continúa con la investigación.
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Al cumplirse cuatro años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Marina han gastado 132 millones 934 mil pesos para tratar de encontrar a los estudiantes secuestrados en Iguala por el grupo criminal Guerreros Unidos, organización delictiva que se presume los asesinó y calcinó.
El mayor monto de recursos, 84 millones 259 mil pesos, ha sido usado por la PGR; como parte de la indagatoria ha logrado detener a 131 personas presuntamente involucradas en los sucesos del 26 y 27 de septiembre de 2014, suscitados en las localidades guerrerenses de Iguala y Cocula.
La dependencia federal tiene pendiente por cumplimentar cinco órdenes de aprehensión, entre ellas, contra Alejandro Temescalco, El Patrón, quien se presume estuvo en diversos eventos, donde los estudiantes fueron levantados y asesinados.
Durante la indagatoria se han realizado mil 700 búsquedas para dar con el paradero de los estudiantes; más de la mitad fueron propuestas por los padres y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), sin que ninguna haya arrojado una pista diferente a la denominada “verdad histórica” que, según la PGR, apunta a que los cuerpos fueron calcinados en el basurero municipal de Cocula.
Funcionarios federales explicaron que los hallazgos, resultado del intercambio internacional entre México y Estados Unidos, en especial de la DEA y PGR han demostrado que cinco líneas propuestas por el GIEI no tienen sustento: la del quinto camión, la supuesta participación de los militares en el secuestro de los normalistas, la participación del grupo Los Rojos y sobre todo el robo de droga.
Hasta el momento no se ha logrado comprobar que los normalistas hayan sido llevados a un lugar distinto al basurero de Cocula, donde presuntos integrantes de Guerreros Unidos afirman que asesinaron y calcinaron los cuerpos de los estudiantes.
Este aniversario también se da en medio de una polémica, porque el 30 de mayo del presente año el primer tribunal colegiado del décimo noveno circuito ordenó crear la Comisión de la Verdad del Caso Iguala, bajo el argumento de que la pesquisa de la PGR no fue “imparcial” e independiente y hay indicios de que los principales acusados fueron torturados, fallo que la dependencia federal asegura es imposible de acatar.La resolución derivó del amparo otorgado a Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo, Salvador Reza Jacobo, El Wereke; Gildardo López Astudillo, El Gil, y Miguel Ángel Landa Bahena, El Chequel, a quienes se ordenó reponerles el procedimiento y que peritos independientes les practiquen el Protocolo de Estambul; ellos son los principales acusados de la desaparición de los estudiantes.
La PGR reconoce que indaga desde 2016 al menos cien casos de posible tortura en este asunto; la Coordinación General de Servicios Periciales ha recabado 12 dictámenes médicos/psicológicos especializados para casos de posible tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos; a la fecha se continúa con la investigación.