MÉXICO. - Una acción de inconstitucionalidad en contra del decreto de modificaciones a la Ley de la Industria Eléctrica fue presentada por senadores de oposición ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Los legisladores de PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano argumentaron en su escrito cinco ejes por los cuales se violenta la Constitución.
“Atenta en contra de derechos humanos limitando el acceso de las personas a derechos a un medio ambiente sano, así como del Acuerdo de París y los instrumentos internacionales en materia de energía limpia y transición energética de los que México es parte”, indicaron los legisladores.
El segundo asegura que viola “los principios básicos de legalidad, seguridad jurídica y el de no retroactividad de la ley en perjuicio de persona alguna”.
De igual forma, los senadores acusan que atenta en contra del libre mercado en un marco de plena competencia económica, así como de los tratados internacionales.
El cuarto eje detalla que la Ley de la Industria Eléctrica “socava la autonomía de la Comisión Reguladora de Energía y del Centro Nacional de Control de Energía”.
El último punto argumenta que contrapone “al espíritu de lo establecido la reforma constitucional de 2013 en materia de energía y electricidad.
“La contradicción entre la LIE y la Constitución precisa violaciones específicas a los artículos constitucionales: 1o, 4o, 6o, 14, 16, 25, 27, 28 así como el décimo transitorio de la reforma constitucional de 2013 (mandato para distribuir competencias entre dependencias federales y órganos reguladores coordinados en materia de energía)”.
Controversia sobre Ley de Industria Eléctrica abonará más incertidumbre: experto
La controversia sobre la Ley de la Industria Eléctrica solo traerá un clima de presiones y amenazas al estado de Derecho, situación que “va para largo” y será sana mientras no se atente contra la autonomía de poderes e instituciones, consideró Sergio Chagoya, socio experto en derecho constitucional e inversiones en infraestructura de la firma Santamarina y Steta.
“Ser un emprendedor industrial o formar parte de la sociedad productiva no es un crimen en ninguna parte del mundo. Que se les acuse de colusión en negocios ilícitos simplemente por ser empresas, es algo que, en primer lugar, no va a prosperar. Solamente va a generar un clima de confrontación y descomposición del tejido social que no va a beneficiar a nadie”, subrayó.
Agregó que los ataques recientes al poder judicial y descalificaciones públicas a sus funcionarios son intentos de sometimiento que amenazan el Estado de Derecho y la democracia en México.
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