La acción de inconstitucionalidad contra la Ley de Seguridad Interior “no busca atacar a las instituciones ni debilitar el Estado de derecho”, sino preservar la integridad del sistema constitucional y de los derechos humanos, afirmó el ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez.
Al presentar su informe anual de actividades 2017 ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, sostuvo que esa ley posibilita que, sin parámetros objetivos ni garantías de transparencia y rendición de cuentas, el Ejecutivo pueda ordenar discrecionalmente la intervención de las fuerzas armadas e incidir en el ámbito de las libertades y los derechos de las personas por cuestiones imprecisas y de subjetiva interpretación.
El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) reconoció que las quejas y recomendaciones contra las secretarías de Defensa Nacional y Marina se redujeron en 2017 respecto al año anterior, pero indicó que ambas instituciones siguen señaladas como responsables de presuntas violaciones graves a los derechos humanos como tortura, desaparición forzada o ejecuciones arbitrarias.
Asimismo y en el contexto de las campañas electorales de este año, González Pérez convocó a los contendientes a desterrar la animadversión de la competencia y privilegiar un intercambio de ideas vigoroso, pero sin ser intransigente o fanático.
“Hay que ser especialmente cuidadosos en detectar y denunciar el discurso de odio en las épocas electorales; una democracia genuinamente madura destierra las diatribas y los agravios en favor de un debate racional y fundamentado”, puntualizó.
El titular de la CNDH informó que, en materia de quejas, las autoridades señaladas con más recurrencia por la presunta violación a los derechos humanos fueron el IMSS, con 2 mil 634 casos; el ISSSTE, con mil 078; la SEP, con 656; Migración, con 521; la Policía Federal, con 425; la PGR, con 422; la Sedena, con 415; la Sedesol, con 386; el órgano desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, con 377, y la Secretaría de Marina, con 259.
A su vez, de las 81 recomendaciones ordinarias, el IMSS recibió 19; la Comisión Nacional de Seguridad, 13; la PGR, 13; Migración, siete; el ISSSTE, cuatro, y la Secretaría de Marina, cuatro más.
Las entidades federativas con mayor incidencia de reportes por actos presuntamente violatorios de los derechos humanos fueron la Ciudad de México (2 mil 922 casos), el Estado de México (789), Veracruz (380), Chiapas (353) y Jalisco (360).