El Instituto Nacional Electoral analiza la vía para solicitar a la Secretaría de Gobernación que sancione la intromisión de la Iglesia católica en asuntos políticos del país, violando la propia Constitución, luego de que criticara los recursos asignados a los partidos políticos.
Al aprobar el presupuesto de 25 mil millones de pesos para el próximo año, el consejero Marco Antonio Baños Martínez aseguró que el INE no puede dejar pasar la intromisión por parte de los ministros de culto.
"El INE tiene que dar un paso al frente y evitar que aquellos actores que están hoy día queriendo incidir de manera inconstitucional, ilegal en el desahogo de los proceso comiciales sean frenados a tiempo", sentenció.
Baños Martínez recordó que desde 2009 el vocero de la arquidiócesis, Hugo Valdemar, ha demostrado estar dispuesto a violentar la Constitución para intervenir de manera indebida, al pronunciarse contra algunos partidos políticos por quienes incluso pidieron a la gente no votar.
En este sentido retó a la arquidiócesis a predicar con el ejemplo y transparentar las millonarias donaciones que han recibido a lo largo de los años, así como los recursos que reciben por el cobro de los servicios que ofrece y que lo publiquen en el Semanario Desde la Fe.
En coincidencia el consejero Ciro Murayama alertó de esta intromisión en la que se hace política desde el púlpito y violentando la sana separación entre Iglesia y estado; por lo que confió en que esta situación sea un error pasajero.
"A unos días del inicio del proceso electoral es importante subrayar que el mismo transcurra dentro del estado de derecho y que todos los actores políticos y los que están impedidos de serlo a cumplirlo. Es indispensable que desde el púlpito no se haga política, a nadie le conviene que la iglesia se convierta o se pretenda convertir en un actor político, no le conviene al estado pero tampoco le conviene a la propia iglesia", señaló.
En entrevista la consejera Pamela San Martín alertó del riesgo que representa la intervención indebida de la iglesia en la vida política del país y en especial en los procesos democráticos como el que habrá de realizarse el próximo año.
Ante ello, se pronunció a favor de que la Secretaría de Gobernación investigue y se pronuncie al respecto; especialmente al existir un precedente en donde la participación de los ministros de culto se encamina a incidir la competencia electoral.