Reconocer, proteger y prevenir que se viole la dignidad de las personas, así como de sus garantías, es la labor que desarrolla la Procuraduría de los Derechos Humanos en Guanajuato, misma que durante el año 2020 ha iniciado 151 expedientes de queja en contra de autoridades de la Fiscalía General del Estado, de las cuales solo culminaron 32 recomendaciones, en algunos casos por comprobarse que no existió una violación y en otros más por desistimiento de las víctimas.
Cada vez que una violación es detectada, se inicia de oficio una carpeta de investigación, posteriormente la víctima y su familia son contactadas para conocer si es su deseo ratificar la queja; solo cuando manifiestan el deseo de dar continuidad, se da inicio al proceso de investigación.
La Procuraduría investiga abusos u omisiones de autoridades estatales y municipales, una recomendación solo es emitida cuando concluye el proceso de investigación, solo de comprobarse que la queja iniciada implica violaciones a los derechos humanos, son emitidas las recomendaciones.
En cuanto a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, durante el 2020 se han recibido 53 quejas en contra de autoridades de esta institución, de las cuales se han realizado ocho recomendaciones.
El más reciente de los pronunciamientos fue el emitido a raíz del homicidio del reportero Israel en Salamanca, a través del cual se inició de manera oficiosa el expediente de queja 187/-20-B1, para lo cual ya fue solicitado un informe general al Ministerio Público y a la Dirección de Seguridad Pública de Salamanca.
Anteriormente, la Procuraduría también emitió una serie de recomendaciones a la Secretaría de Seguridad Pública de León, derivado de las manifestaciones feministas del 22 de agosto que generaron la detención de 23 personas, la mayoría mujeres, donde se comprobó el uso excesivo de la fuerza.
La recomendación tiene la característica de ser pública y no vinculatoria para la autoridad o servidor público a quien se dirige, una vez notificada la recomendación, la autoridad cuenta con un plazo de 10 días hábiles para informar si acepta o no dicha resolución, y en caso afirmativo, remitirá dentro de los siguientes quince días las pruebas relativas a su cumplimiento.