MONTERREY.- El diputado local de Morena en Nuevo León, Waldo Fernández, confirmó que el pasado 11 de agosto del 2021, presentó una denuncia ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por faltas administrativas graves, no graves, delitos y obligaciones pecuniarias que pueden derivar en un desfalco por alrededor de 700 millones de pesos en contra de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).
Esto relacionado a la presunta red de empresas fantasmas que Telediario develó el pasado junio, en las que proveedores de la UANL se beneficiaron por 47 millones de pesos de acuerdo a la cuenta pública del año 2017.
Las empresas Dijovi, Jovi Tech y Jovi Solutions no cumplieron los requisitos establecidos para ser proveedores de la Universidad, pero de igual manera recibieron asignaciones directas.
Por estas irregularidades en el proceso, el director de Adquisiciones de la UANL, Hermilo Valdez Pérez y la tesorera Martha Nora Álvarez, son investigados por la Contraloría de la Universidad y por la Unidad de Inteligencia Financiera del Estado, además de que Valdez fue separado de su cargo.
De acuerdo al apartado de transparencia, Susana Elizabeth Benavides Ibarra aparece como el contacto de las tres empresas ante la Máxima Casa de Estudios, y su nombre figura además como una de las dos socias en el acta constitutiva de Dijovi S.A de C.V, la cual se creó el 21 de octubre de 2016.
Su esposo, Jorge Víctor Salazar Ruiz, es hijo de Víctor Manuel Salazar, funcionario de la Dirección de Adquisiciones.
Ante esta situación, el diputado Waldo Fernández invitó a la ciudadanía a sumarse a la denuncia, sobre todo a aquellos padres de familia cuyos hijos no ingresaron a la UANL, pues considera que el presunto hecho delictivo, impidió el acceso de muchos jóvenes a la propia Universidad.
“Todo papá o mamá de un estudiante que se quedó sin un lugar en la universidad tiene la obligación moral de coadyuvar con la denuncia puesto que a su hijo le robaron la posibilidad de estudiar a través de la corrupción”, expresó.
Aseguró que la ASF está facultada para llevar las investigaciones, ya que la mayoría del recurso de Nuevo León, proviene de las participaciones federales.
“Se les olvida que hubo una reforma constitucional que faculta a la Auditoría Superior de la Federación para poder revisar, a través de una denuncia, los hechos de un presunto delito, como es el caso de lo ocurrido en la Universidad” pues las participaciones federales, constituyen casi el 70 por ciento del presupuesto del Estado.
Además, advirtió que en próximos días presentará acciones legales por este mismo caso ante otras instancias oficiales.
El asunto de la denuncia es descrito como “en términos de lo dispuesto en el Título Cuarto de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas”.
Finalmente, en la misma se señala que se pretende investigue la captación irregular, manejo y utilización de recursos públicos federales provenientes de subsidios para organismos descentralizados estatales de las cuentas públicas 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020.
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