MÉXICO. - Una jueza federal otorgó una suspensión provisional que impide la detención de Bernardo Cano Muñozcano, ex director de la Policía Federal Ministerial, de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), señalado por padres de los normalistas de Ayotzinapa de “alterar” la escena sobre la desaparición de 43 estudiantes.
Muñoz Cano promovió un amparo para protegerse de cualquier orden de aprehensión que la Fiscalía General de la República (FGR) haya solicitado en su contra o que se haya ordenado que comparezca.
María Dolores Núñez Solorio, jueza Cuarta de Distrito de Amparo en Materia Penal, admitió a trámite la demanda de garantías y concedió la medida cautelar que impide que se le detenga por delitos que no ameriten prisión preventiva oficiosa.
La juzgadora ordenó a diversas autoridades a rendir sus informes justificados para conocer si existe algún mandamiento judicial librado contra el quejoso, o en su caso alguna orden para que comparezca.
Núñez Solorio fijó para el próximo 30 de octubre como fecha para la celebración de la audiencia incidental donde determinará si concede o no una suspensión definitiva al quejoso.
En el sexenio pasado, la Visitaduría General de la PGR inició un procedimiento administrativo contra el ex titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio y ocho ex servidores públicos más, por presuntamente incurrir en faltas durante una diligencia practicada el 28 y 29 de octubre de 2014, en las inmediaciones del Río San Juan, Cocula, donde fue encontrada una bolsa con restos óseos y cenizas que se presumen pertenecen a los normalistas desaparecidos.
Los padres de las víctimas demandaron que al ex director de la AIC y a Bernardo Cano se les fincaran cargos penales por supuestamente “alterar” la escena del crimen.
En abril de 2016, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) dejó entrever, durante su segundo informe de labores, que se pudo haber manipulado evidencia en el lugar donde se recuperaron los restos óseos.
Los expertos presentaron un video donde se observa a Tomás Zerón con personal de la PGR y a Agustín García Reyes, El Chereje, uno de los presuntos jefes de Guerreros Unidos, durante una diligencia que no fue documentada ministerialmente el 28 de octubre, donde el detenido reveló el lugar donde fueron quemados los cuerpos de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en el tiradero municipal de Cocula, y que las cenizas fueron echadas en bolsas al río San Juan.
cog
MÉXICO. - Una jueza federal otorgó una suspensión provisional que impide la detención de Bernardo Cano Muñozcano, ex director de la Policía Federal Ministerial, de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), señalado por padres de los normalistas de Ayotzinapa de “alterar” la escena sobre la desaparición de 43 estudiantes.
Muñoz Cano promovió un amparo para protegerse de cualquier orden de aprehensión que la Fiscalía General de la República (FGR) haya solicitado en su contra o que se haya ordenado que comparezca.
María Dolores Núñez Solorio, jueza Cuarta de Distrito de Amparo en Materia Penal, admitió a trámite la demanda de garantías y concedió la medida cautelar que impide que se le detenga por delitos que no ameriten prisión preventiva oficiosa.
La juzgadora ordenó a diversas autoridades a rendir sus informes justificados para conocer si existe algún mandamiento judicial librado contra el quejoso, o en su caso alguna orden para que comparezca.
Núñez Solorio fijó para el próximo 30 de octubre como fecha para la celebración de la audiencia incidental donde determinará si concede o no una suspensión definitiva al quejoso.
En el sexenio pasado, la Visitaduría General de la PGR inició un procedimiento administrativo contra el ex titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio y ocho ex servidores públicos más, por presuntamente incurrir en faltas durante una diligencia practicada el 28 y 29 de octubre de 2014, en las inmediaciones del Río San Juan, Cocula, donde fue encontrada una bolsa con restos óseos y cenizas que se presumen pertenecen a los normalistas desaparecidos.
Los padres de las víctimas demandaron que al ex director de la AIC y a Bernardo Cano se les fincaran cargos penales por supuestamente “alterar” la escena del crimen.
En abril de 2016, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) dejó entrever, durante su segundo informe de labores, que se pudo haber manipulado evidencia en el lugar donde se recuperaron los restos óseos.
Los expertos presentaron un video donde se observa a Tomás Zerón con personal de la PGR y a Agustín García Reyes, El Chereje, uno de los presuntos jefes de Guerreros Unidos, durante una diligencia que no fue documentada ministerialmente el 28 de octubre, donde el detenido reveló el lugar donde fueron quemados los cuerpos de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en el tiradero municipal de Cocula, y que las cenizas fueron echadas en bolsas al río San Juan.
cog