La ley de desaparecidos que fue aprobada hace casi un mes por el Congreso de Jalisco no resuelve ni abona a bajar las cifras de víctimas de este delito, externaron integrantes del Observatorio de Análisis sobre Seguridad y Justicia de la Universidad de Guadalajara (UdeG).
A lo aprobado lo calificaron como un paliativo, porque el Estado se deslinda de la responsabilidad de buscar a los desaparecidos y la traslada a los gobiernos municipales y a los familiares.
“El crimen organizado tiene nombre y tiene apellido en cada municipio, y si no se dice quiénes son y si no se investiga a estos personajes, nomás decimos que es el crimen organizado y lógicamente que esta ley no dará la respuesta que requiera la ciudadanía”, argumentó Alfonso Partida Caballero, integrante del observatorio.
Señalaron que la ley carece de utilidad al no resolver puntos como el fortalecimiento de la Fiscalía del Estado en cuanto instrumentos como vehículos, armas y mejores salarios para el personal que investiga, así como la ampliación de la plantilla, tampoco se habla sobre aumentar el presupuesto para la búsqueda de personas.
Tampoco atiende las exigencias de los colectivos de hacer confrontas inmediatas, proporcionar resultados de ADN, contratar de personal capacitado y ampliar la plantilla de peritos, genetistas, médicos y antropólogos en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.
Para los integrantes del observatorio, la desaparición desencadena 10 delitos más, entre ellos, el homicidio, el abuso de autoridad y la violencia, pero la raíz de ellos es la impunidad en el Estado.
CGE