Sentada sobre una banca color rojo del parque Revolución, Alejandra espera para ser entrevistada. Se encuentra nerviosa, pero no duda en contar su historia, ocurrida en julio del 2020. Lleva puesta una blusa blanca y una chamarra de mezclilla azul cielo, pantalón obscuro y tenis. Su cabello es ondulado y algunas partes están teñidas de color rosa. Toma aire mientras sostiene su teléfono celular con ambas manos.
Todo comenzó seis meses después de haber terminado la relación sentimental que sostuvo con Noé por un año.Una tercera persona le envió vía messenger la liga para ver un video con contenido sexual que estaba siendo difundido en una página porno. No le tomó importancia, pero después de volver a reproducirlo se dio cuenta de que la mujer del video era ella. Alejandra asegura que fue grabada sin su consentimiento por su ex pareja. Aunque acudió al Centro de Justicia para las Mujeres, donde recibió asesoramiento y posteriormente interpuso su denuncia en enero, el personal que labora en la Fiscalía del Estado no le ofreció la información completa sobre la Ley Olimpia y los pasos a seguir en su investigación.
"Ha estado así el proceso, entre bastante desinformación de parte de la Fiscalía. Yo me estoy asesorando del colectivo Me Cuidan Mis Amigas aquí en Jalisco y ellas son las que me han asesorado jurídicamente y en todas las dudas que tengo, por ejemplo, qué pasaría si él se esconde o en todo este proceso, qué pasaría si ya lo hice público. Si yo no me pongo a investigar sobre la Ley Olimpia, si yo no me resguardo en el colectivo, yo no sé nada, no sé que sigue", comentó.
Incluso mencionó que al Ministerio Publico se le olvidó entregarle el citatorio para que los testigos pudieran acudir a rendir su declaración, fue ella quien tuvo que recordárselos. Aunque tiene diversas pruebas que señalan a Noé como el responsable de lo acontecido, aún no sabe cuándo podrá preséntalas. Tampoco sabe si la policía cibernética bajó el video que viola su intimidad sexual.
Por su parte, el maestro José Alberto Mora Trujillo, director del área de Delitos contra Mujeres, Niñas y Niños de la Fiscalía General del Estado, aseguró que el personal sí está capacitado para atender cada una de las denuncias que han llegado desde que entró en vigor la ley. "Todo el personal se encuentra con conocimiento de las reformas cada que se realiza una de éstas, se baja la información para el personal y se genera el conocimiento de las normas", refirió.
UNA LEY SIN RESULTADOS
El pasado 3 de septiembre del 2020, Jalisco se unió a los Estados que aprobaron modalidades de la Ley Olimpia, que tipifica y sanciona el acoso, hostigamiento y difusión de contenido sexual en plataformas de internet o redes sociales. Luego, en noviembre, el Congreso del Estado tuvo que aprobar un nuevo artículo para el Código Penal a fin de reincorporar el texto sobre violación a la intimidad sexual en dicha ley, eliminado a una semana de avalarla. A cuatro meses de que la modificación se publicara en el Periódico Oficial, las denuncias que fueron interpuestas en un inicio quedaron en el limbo, no han avanzado y ninguna llegó a sentencia a pesar de que el Estado señaló que retomarían las denuncias que no tuvieron validez mientras no estaba en vigor la ley. La diputada Sofía Mosqueda, quien propuso la reforma, asegura que la Fiscalía del Estado de Jalisco no cuenta con el personal suficiente para tomar y darle seguimiento a las denuncias que se han levantado hasta la fecha.
"Lamentablemente la Fiscalía no cuenta con el personal para darle seguimiento a todas estas denuncias. Sí se están tomando, sí se están atendiendo, pero no existe el personal suficiente. Porque te reciben la denuncia, pero qué sucede después cuando la policía cibernética tiene que bajar toda la información, cuando se debe realizar la investigación", apuntó.
En entrevista, la Fiscalía agregó que cada caso es particular y depende de los resultados de los dictámenes, así como de la disponibilidad para declarar que tienen los testigos de la victima para que se pueda agilizar cada denuncia.
Este no es el único problema que señala la priísta Sofía Mosqueda. Ya se cumplió el plazo para realizar protocolos para prevenir y sancionar la violencia digital, por lo que es necesario solicitar de nueva cuenta al Congreso que se cumpla la ley, algo que los diputados siguen sin hacer. Por si fuera poco, la Fiscalía debía especializar una unidad para que se le diera seguimiento al delito, sin embargo, hasta el momento el nombre no ha sido otorgado como tal, mencionó Mora Trujillo, aunque dijo que se cuenta con la unidad especializada en delitos contra las mujeres por razón de género, donde tienen una dirección especializada.
LOS DATOS
En 2020, año en que entró en vigor la ley Olimpia, se presentaron 66 denuncias por ciber acoso y 41 por violación a la intimidad sexual . En lo que va del 2021 ya suman 10 y 17 respectivamente. En total se tienen 76 denuncias por el primer delito y 58 por el segundo. Ningún caso se ha judicializado.
LAS COLECTIVAS
Alejandra es uno de los 379 casos en materia de violencia de género que fueron acompañados en 2020 por la colectiva feminista Me Cuidan Mis Amigas, de las que 39 presentaron una denuncia formal por violencia cibernética, sin embargo, existe una cifra negra de mujeres que deciden no iniciar con el proceso de denuncia, y quienes sí lo hacen no la tienen fácil. Al ver la promesa de justicia lejana, ocurre una decepción del proceso jurídico, señala Verónica Santiago, miembro de la colectiva.
"Una de las inconsistencias son los procesos largos y burocráticos como de ‘te doy cita en quince, veinte días o un mes para que te hagan el examen psicológico, para que puedas entregar las pruebas’, etcétera. Se entiende también que jurídicamente se debe entregar un nombre completo del agresor pero hay veces que si el agresor no lo hizo desde un perfil real o un nombre con el que la policía o el MP pueda investigar, toman la denuncia pero no procede, y una carpeta de investigación debe contar con ciertos elementos para que sea procedente", expuso la activista.
Verónica Santiago considera que se debería trabajar en vigilar el trabajo del MP y en la creación de las unidades especializadas en violencia digital, así como garantizar que los procesos se aceleren y se elimine la burocracia. Pidió que se centren en la victima y que el acompañamiento psicológico sea adecuado, sin revictimizar y con un lenguaje no técnico.
En Jalisco, este delito contempla sanciones como multas que van desde los ochenta mil hasta los 170 mil pesos, así como de uno a ocho años de prisión. Aunque Alejandra no ha tenido confrontamiento directo con su agresor, en los últimos meses éste ha utilizado a terceras personas para intimidarla y a través de las redes sociales la ha difamado para negar su responsabilidad. Desde que interpuso su denuncia su vida ha cambiado completamente: tuvo que cambiar de domicilio y teme ser agredida en la vía pública por su ex pareja, a pesar de que cuenta con una medida de protección. Verónica Santiago indicó que de los casos que ellas han acompañado, el de Alejandra podría ser el único en el Estado que hasta el momento cumple con todos los elementos para que logre judicializarse.
CGE