Michoacán es uno de los estados cuyo clima favorece la agricultura y cuenta con grandes extensiones de cultivos más importantes del país, destaca entre otras cosas por la producción de aguacate, fresa, durazno, lenteja y zarzamora. Tanto el clima como la riqueza natural no tardaron en atraer a grupos delictivos traficantes de armas y drogas como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
La cercanía de los grupos criminales trajo consigo la inseguridad y la extorsión a los trabajadores del campo, quienes pronto se cansaron del asedio criminal y optaron buscar la seguridad y la protección que el Estado no les estaba brindando. Cerca de 3 mil productores de aguacate, dejaron las plantaciones, para tomar las armas en municipios como Salvador Escalante, Ario de Rosales y Nuevo Urecho.
Aunque no halla autoridad en el país que se atreva a declarar el “Estado fallido”, es una realidad del país que en regiones enteras, el poder civil y político del Estado ha fracasado, como es el caso de Michoacán, en el que el supuesto “monopolio del violencia” que debería ejercer el Estado, si no ha cambiado de manos.
El control inició en las carreteras, ya que han bloqueado los accesos a sus comunidades con retenes en los que deciden a quién dar el paso y a quienes devolver por donde llegaron.
Algunos se han esforzado en comparar el movimiento actual de los campesinos con las autodefensas que arrojaron a los Caballeros Templarios en 2014, pero ellos lo tiene claro: “no son autodefensas”.
Los agricultores se hicieron con un arsenal que incluye chalecos antibalas, fusiles AK-47, rifles R-15, pistolas escuadra y carabinas M-1 con lanzagranadas.
No se trata de regiones lejanas a la civilización, a menos de 100 kilómetros de Morelia, la capital del Estado, ya hay zonas controladas por un movimiento que se autodenomina como el de los “Pueblos Unidos”, que surgió en respuesta a las incursiones de Los Viagras y el CJNG.
Los campesinos van encapuchados, con sombreo o con pasamontaña, en su mayoría y se instalan a lo largo de 54 barricadas en cuatro municipios: Ario de Rosales, Salvador Escalante, Nuevo Urecho y Taretan.
Uno de los retenes más importantes, cuenta con 150 hombres armados, en la desviación a Aparicuaro, camino a la Huacana, tierra del CJNG. Se hacen turnos de vigilancia de hasta 12 horas, de cuatro hombres con armas largas custodiando entradas y salidas de cada municipio. En las entradas delimitan el espacio con llantas y colocan tierra y piedras en la carretera para que los vehículos tengan que bajar la velocidad. Luego, se acercan a preguntar a dónde se dirigen los conductores, después de revisar la cajuela y el auto, si ellos lo consideran oportuno.
Los municipios vecinos La Huacana, Múgica y Gabriel Zamora, están bajo el mando del CJNG y los aguacateros no querían tener esa amenaza tan cerca de casa.
La milicia de Pueblos Unidos se dice financiadoa por empresarios y aguacateros porque “les sale más barato comprar un rifle que pagar extorsiones”. La cuota que se les pide a los aguacateros es de 50 mil pesos por hectárea, aunque en el algunos casos son ellos mismos quienes hacen su cooperación para evitar el miedo y la extorsión.
La conformación de Pueblos Unidos comenzó hace alrededor de ocho meses en el municipio de Ario de Rosales, cuando se desbordó la desaparición de hombres, mujeres y jóvenes. Poco a poco el movimiento armado se expandió a localidades aledañas donde la gente demandaba seguridad.
Casos como el sucedido el 3 de junio pasado, con la desaparición de Raúl Medrano, un correligionario levantado en Nueva Italia por un grupo armado, dio un impulso extra al levantamiento aguacatero, al que se fueron sumando voluntarios y campesinos de los pueblos aledaños, hasta conformar una milicia de cerda de 3 mil hombres.
Vecinos de comunidades cercanas como los Ates en Ario del Rosal donde creen haber extirpado el crimen organizado: “Tuvimos que seguirlos por donde quiera, peinamos los cerros caminando; cosa que el gobierno no ha hecho. Nos unimos por grupos de 20 o 60 a peinar los cerros y así los fuimos ahuyentando de aquí”, sostiene el comandante de la zona. “Nuestro esfuerzo ha sido para bien. De habernos armado porque ya hay menos asesinatos, menos secuestros, menos extorsiones, menos robos de carro”, agregó.
El comandante de Pueblos Unidos aseguró que su intención no es vivir “al margen de la ley”. Dice que si las autoridades municipales, estatales o federales les garantizan su seguridad, regresarán a trabajar sus tierras, pero si no es así, por incapacidad u omisión, exigen que incluso se les dé el apoyo necesario para transitar a un “auto gobierno” en la región, que incluiría la regularización de sus armas, como lo han hecho municipios como Cherán y lo están haciendo Tancitaro y la Cañada de los 11 Pueblos.
“Que se nos dé el permiso a defendernos”, reclama. “También queremos que no nos desarmen que nos respeten y si algún día lo piensan hacer, que nos avisen. Que hagan el trabajo que nosotros estamos haciendo y a lo mejor nos retiramos”, indican. Y es que, no sólo los robos y extorsiones estaban a la orden del día, ya que los vecinos se encontraban entre el fuego cruzado de Los Viagras y el CJNG para hacerse con el control de la zona y poder cobrar el uso de suelo o tarifas de protección que llegan a ser de 50 mil pesos por hectárea.
Saqueos, asesinatos, secuestros, incendios a campos de cultivo y a casas llevaron a la población al borde de la desesperación, el no tener nada más que perder llevó a muchos a tomar las armas y pelear por su familia o por su tierra. Muchos se sumaron al movimiento después de haber perdido las posesiones que habían adquirido con el esfuerzo de una vida o a sus seres queridos, por lo que no es extraño, encontrar personas de la tercera edad que se suman a las fuerzas armadas independientes.
Otro de los aguacateros afectados, cuando se le pregunta sobre su decisión de cambiar el trabajo los aperos de labranza por un rifle de asalto, dice: “Por supuesto que vale la pena, mi familia es lo más importante y si tenemos que sacrificar el campo para que ellos estén seguros, estamos dispuestos a hacerlo.
GR