MONTERREY.- Mariana Rodríguez interpuso una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), al considerar que la Unidad de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) violentó sus derechos en razón política de género por obligarla a cobrar a su esposo Samuel García la publicidad que hizo en redes sociales en su campaña para gobernador de Nuevo León.
En la queja, de la cual MILENIO tiene copia, la influencer expone que el Instituto Nacional Electoral (INE) pretende violentar su libertad de expresión y asociación, igualdad y libertad de toda violencia, así como diferentes derechos político-electorales que se establecen en la Constitución.
"Dicha determinación violenta mis derechos humanos de libertad de expresión, asociación, igualdad y libre de toda violencia, así como diversos derechos político electorales, establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los tratados internacionales, en los que México es parte.
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"Al respecto, nuestro Estado se encuentra obligado a garantizar y salvaguardar el ejercicio de los derechos fundamentales y su desarrollo en sociedad, además debe de eliminar la discriminación y la violencia contra las mujeres". Sostuvo que el Estado Mexicano está obligado a respetar el derecho a la participación política y crear escenarios en condiciones de igualdad, sin discriminación y de violencia de cualquier tipo.
Lo anterior, argumentó, en razón de que una reforma en el Artículo 1 de la Constitución establece que todos los tratados internacionales de derechos humanos adquirieron el rango de constitucional. "Tras la reforma al Artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en junio de 2011, todos los tratados internacionales de derechos humanos firmados y ratificados por México, adquirieron rango constitucional, de manera que el Estado mexicano está obligado a hacer realidad el derecho a la participación política y a generar las condiciones para que sea ejercido en condiciones de igualdad, libres de discriminación y de violencia".
Insistió en que las publicaciones de sus redes sociales en apoyo al ahora gobernador electo de Nuevo León son parte de su libertad de expresión y de "manera espontánea". Descartó que en todo momento se hayan tratado de espacios comerciales para tratar de sacar ventaja económica de algo o de alguien.
"En ese contexto, la difusión de las publicaciones denunciadas fueron realizadas en ejercicio de mi libertad de expresión y de manera espontánea, por lo que de ninguna manera se trató de espacios comerciales, toda vez que no se recibió pago alguno, mucho menos se tuvo que pagar para subirlas a algún sitio.
"La resolución sostiene que mi participación voluntaria, libre y espontánea, como parte del apoyo moral del vínculo matrimonial que me une con mi esposo, implica una aportación en especie en campaña, cuestión sesgada, que sin prueba alguna, trasgrede mis derechos humanos, imposibilitándome ejercer de manera libre mi libertad de expresión".
Rja