Un total de 32 elementos de la Secretaría de Marina torturaron a 17 personas, de las cuales 11 sufrieron violencia sexual, en los estados de Coahuila, Nuevo León, Sinaloa, Veracruz y Zacatecas, entre 2013 y 2017, acreditó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Por ello, el organismo emitió la recomendación 29/2018 dirigida al secretario de Marina, Vidal Francisco Soberón Sanz, por la detención arbitraria, posterior retención ilegal y tortura en agravio de 17 personas.La CNDH también dirigió la recomendación al encargado de despacho de la Procuraduría General de la República, Alberto Elías Beltrán, debido a que 17 Agentes del Ministerio Público Federal dilataron u omitieron iniciar la investigación penal por el probable delito de tortura, es decir, violaron el derecho al acceso a la justicia de esas víctimas.
En un comunicado, la comisión detalló que en el periodo 2013-2017 se recibieron quejas de las víctimas y sus familiares, así como información derivada de vistas formuladas por autoridades ministeriales y jurisdiccionales, integrándose los 12 expedientes que se incluyen en la recomendación.
“Se acreditó que, tras su detención, las víctimas fueron llevadas a instalaciones de la Semar, donde fueron agredidas y permanecieron retenidas bajo la custodia de los elementos aprehensores, para finalmente ser puestas a disposición del Ministerio Público Federal e iniciar las averiguaciones previas correspondientes por la probable comisión de delitos del orden federal”, señaló.La comisión destacó que dicha recomendación se dirige, en primer término, a la Secretaría de Marina, porque “los hechos se encuentran relacionados con una práctica constante en la que los elementos navales realizan detenciones de personas alegando supuestos casos de flagrancia o denuncias anónimas que derivan en actos violatorios de derechos humanos”.
La CNDH informó que su investigación arrojó que los elementos navales transgredieron los derechos a la libertad, integridad y seguridad jurídica y personal de 4 mujeres y 13 hombres; 11 de estas personas también sufrieron violencia sexual, mientras que los actos violatorios consistieron en el amarre de manos y/o pies, golpes, vendado de ojos, agresiones psicológicas, descargas eléctricas, tablazos en glúteos, espalda, piernas, espinillas y plantas de los pies e intentos de asfixia. “Este tipo de agresiones determinó que se emitiera el Acuerdo de Violaciones Graves a los Derechos Humanos en la presente recomendación a la Semar”, indicó. La comisión consideró que los Agentes del Ministerio Público Federal violentaron el derecho de acceso a la justicia de las víctimas porque dilataron u omitieron iniciar una investigación seria, imparcial y efectiva por el probable delito de tortura; ya que conocieron de manera individual los 12 exoedientes de la recomendación y tuvieron elementos suficientes para iniciar una indagatoria penal por el probable delito de tortura.
Sin embargo, hasta este momento sólo en cinco se ha iniciado la averiguación previa correspondiente, cuando ha transcurrido un término que oscila entre uno y tres años para el comienzo de su integración. Respecto de los otros siete, se desconoce si se tramita la investigación ministerial conducente. De tal forma, la CNDH recomendó al secretario de Marina reparar el daño a las 17 víctimas y realizar su inscripción en el Registro Nacional de Víctimas; colaborar en la presentación y seguimiento de la denuncia de hechos que se formule ante la PGR para que investigue al personal naval que participó en los hechos; colaborar en el trámite y seguimiento de la queja que se promueva ante la instancia competente de la Marina contra los elementos navales involucrados en los hechos y, en caso de que la facultad de sanción esté prescrita, se incorpore copia de la recomendación en el expediente laboral de estos.
También se recomienda a la Secretaría de Marina, capacitar en materia de derechos humanos con perspectiva y equidad de género a sus servidores públicos, que incluya al personal médico; que se elabore o actualice un protocolo para que servidores públicos empleen en todos sus operativos cámaras fotográficas, de videograbación y grabación de audio. Además, que se implementen políticas públicas que permitan identificar y reducir los riesgos y puntos de vulneración de los derechos humanos, cuando la Semar coadyuve en funciones de seguridad pública, a través de un plan institucional que permita identificar los puntos y aspectos de riesgo en que se vulneran los derechos humanos de los detenidos y las medidas necesarias para prevenirlos y mitigarlos.
La CNDH recomendó a la PGR continuar las diligencias legal y materialmente necesarias para determinar cinco averiguaciones previas conforme a derecho; colaborar en la presentación y seguimiento de la queja que promueva ante la instancia competente en la procuraduría contra 17 Agentes del Ministerio Público Federal responsables y, en caso de que la facultad de sanción esté prescrita, se incorpore copia de la recomendación en el expediente laboral de los servidores públicos que resulten responsables.