Los estándares mínimos para eliminar la trata de personas en México son insuficientes, a pesar de los esfuerzos crecientes que se han evidenciado durante el último año, revela el Reporte sobre Trata de Personas 2019 del Departamento de Estado de Estados Unidos.
De acuerdo con el análisis anual que realiza el gobierno estadunidense, las investigaciones, procesamientos y condenas contra traficantes se reducen mientras que los servicios especializados para las víctimas y los refugios son limitados, en comparación con la magnitud del problema que se enfrenta.
"El gobierno inspeccionó y procesó pocas quejas de trabajo forzoso en la agricultura, en parte debido a la falta de recursos. La corrupción y varios casos de complicidad entre algunos funcionarios públicos inhibieron las acciones de aplicación de la ley contra el tráfico", refirió el informe dado a conocer este jueves.
Según el reporte, el gobierno federal identificó 706 víctimas de trata en 2018, una cifra ligeramente superior a las 667 víctimas de trata en 2017.
No obstante, las organizaciones no gubernamentales estiman que los traficantes explotan cada vez más a personas en trabajos forzados e identificaron al menos a mil 500 víctimas entre 2013 y 2017.
La gran mayoría de las víctimas extranjeras del trabajo forzoso y el tráfico sexual en México son de América Central y del Sur, particularmente de El Salvador, Guatemala, Honduras y Venezuela, nacionalidad de la que se ha identificado un aumento importante durante los últimos tres años.
Asimismo, las organizaciones informaron que el turismo sexual con niños es un problema que continúa expandiéndose, especialmente en las zonas turísticas y en las ciudades de la frontera norte.
"Muchos turistas sexuales provienen de Estados Unidos, Canadá y Europa Occidental, aunque los mexicanos también compran sexo de víctimas de trata de niños".
Frente al desalentador panorama, el Departamento de Estado recomendó a México aumentar los esfuerzos para investigar y procesar los delitos de trata de personas tanto a nivel federal como estatal y sentenciar a los traficantes condenados a penas de prisión significativas; además de aumentar los esfuerzos para atender de las víctimas de forma especializada.
El reporte evidencia la falta de refugios especializados en todo el país, así como mejores condiciones para las víctimas que son remitidos a algunos de estos centros del Gobierno Federal.
De acuerdo con el reporte, es la sociedad civil, con fondos privados o donaciones extranjeras, quienes proporcionan atención en los refugios especializados que se requieren.
Otro problema importante es la forma de apoyar a los migrantes que son víctimas de trata: en su mayoría son deportados a sus países de origen y son muy pocos los que logran acceder a una visa humanitaria que les permita mantenerse en el país y recibir asistencia.
Para 2018, el Instituto Nacional de Migración proporcionó visas humanitarias a 241 víctimas y repatrió a 399 más.
"Algunos funcionarios gubernamentales y organizaciones expresaron su preocupación porque las autoridades no otorgaron visas humanitarias tan a menudo como debían, debido a la falta de identificación de víctimas elegibles de la trata extranjera, la falta de conciencia de las víctimas sobre el proceso para obtener dicha ayuda, el deseo de las víctimas de regresar a su país de origen y el tiempo de espera para procesar las solicitudes de ayuda de inmigración”.