CIUDAD DE MÉXICO.- México cuenta con la octava tasa de feminicidios más alta del continente al registrar 1.52 muertes violentas por cada 100 mil mujeres, de acuerdo con estadísticas proporcionadas por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
Tan solo el año pasado se cometieron 980 asesinatos de mujeres por cuestiones de género, la mayor cifra desde que se comenzó a contabilizar este tipo de crimen en 2015, según estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Nuestro país se ubica por detrás de naciones como El Salvador y Honduras, donde se alcanzan índices de hasta 6.8 y 5.1 casos; esto significa un severo problema para la población femenil de Centroamérica y uno de los principales riesgos por corregir con miras a cumplir los objetivos de la Agenda 2030 de la ONU en la región.
Además, cuatro de las cinco tasas más altas de feminicidio de América Latina se registran en Centroamérica y en la República Dominicana.
En lo que respecta a los países en vías de desarrollo similares a México, destaca que Argentina y Brasil se encuentran por debajo de la media nacional, al registrar ambas naciones tasas de 1.1 casos por cada 100 mil mujeres.
Un caso aparte se observa en Chile, donde se tiene la media más baja de América Latina y el Caribe con un índice de 0.5 muertes violentas; misma cifra que se tiene en Colombia.
La estadística oficial de feminicidios en países de América Latina y el Caribe es producida por diversas instituciones estatales.
En 19 países de la región —donde se incluye a México—, la policía, el instituto forense o el Ministerio del Interior o de Seguridad Pública son las dependencias responsables de generar la información oficial en la materia.
Esto es particularmente notable en el caso del Caribe, donde las autoridades policiacas son la fuente de información en 11 de los 12 países de la región.
El informe explica que, en los casos del Brasil y Honduras, “son instituciones académicas las que procesan y publican la información originada en registros administrativos de las Secretarías de Seguridad Pública estatales, en el primer caso y de la policía y del instituto forense, en el segundo”.
Por otra parte, en El Salvador, Bolivia, Guatemala, Panamá, Perú, Venezuela y la República Dominicana, los registros de feminicidio se encuentran a cargo de la Fiscalía o la Procuraduría o del Ministerio Público.
Para lograr las metas trazadas, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe señala que, para generar una acertada comprensión del feminicidio o los asesinatos de mujeres por razón de género, depende “en gran medida de la existencia de información mediante los registros detallados y fiables que permitan identificar las características de la víctima, la relación con ellos, el entorno y las motivaciones, entre otros aspectos”.
Ante esta situación, la comparabilidad regional es un desafío grande en Latinoamérica para tener datos similares que sirvan de herramienta para mejorar la calidad de la información nacional con vistas a profundizar el análisis de los asesinatos por cuestiones de género en la región.
Asimismo, en 2009 se creó el Indicador regional de feminicidio, por parte del Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe; en ese entonces, solo cuatro países (Costa Rica, Venezuela, Colombia y Guatemala) habían tipificado el feminicidio en sus respectivos códigos penales.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe explica que para 2015, en la mayoría de las naciones se había tipificado este delito y se habían llevado a cabo reformas a la ley.
Además de permitir la creación de políticas públicas basadas en casos reales, la importancia del indicador regional de feminicidio radica en que servirá para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sustentable 5 y 16 de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas.
Esas metas radican en “eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres en los ámbitos público y privado, incluida la trata y explotación sexual”, así como la reducción significativa de todas las formas de agresión y las correspondientes tasas de mortalidad en el mundo, entre otras propuestas.
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CIUDAD DE MÉXICO.- México cuenta con la octava tasa de feminicidios más alta del continente al registrar 1.52 muertes violentas por cada 100 mil mujeres, de acuerdo con estadísticas proporcionadas por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
Tan solo el año pasado se cometieron 980 asesinatos de mujeres por cuestiones de género, la mayor cifra desde que se comenzó a contabilizar este tipo de crimen en 2015, según estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Nuestro país se ubica por detrás de naciones como El Salvador y Honduras, donde se alcanzan índices de hasta 6.8 y 5.1 casos; esto significa un severo problema para la población femenil de Centroamérica y uno de los principales riesgos por corregir con miras a cumplir los objetivos de la Agenda 2030 de la ONU en la región.
Además, cuatro de las cinco tasas más altas de feminicidio de América Latina se registran en Centroamérica y en la República Dominicana.
En lo que respecta a los países en vías de desarrollo similares a México, destaca que Argentina y Brasil se encuentran por debajo de la media nacional, al registrar ambas naciones tasas de 1.1 casos por cada 100 mil mujeres.
Un caso aparte se observa en Chile, donde se tiene la media más baja de América Latina y el Caribe con un índice de 0.5 muertes violentas; misma cifra que se tiene en Colombia.
La estadística oficial de feminicidios en países de América Latina y el Caribe es producida por diversas instituciones estatales.
En 19 países de la región —donde se incluye a México—, la policía, el instituto forense o el Ministerio del Interior o de Seguridad Pública son las dependencias responsables de generar la información oficial en la materia.
Esto es particularmente notable en el caso del Caribe, donde las autoridades policiacas son la fuente de información en 11 de los 12 países de la región.
El informe explica que, en los casos del Brasil y Honduras, “son instituciones académicas las que procesan y publican la información originada en registros administrativos de las Secretarías de Seguridad Pública estatales, en el primer caso y de la policía y del instituto forense, en el segundo”.
Por otra parte, en El Salvador, Bolivia, Guatemala, Panamá, Perú, Venezuela y la República Dominicana, los registros de feminicidio se encuentran a cargo de la Fiscalía o la Procuraduría o del Ministerio Público.
Para lograr las metas trazadas, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe señala que, para generar una acertada comprensión del feminicidio o los asesinatos de mujeres por razón de género, depende “en gran medida de la existencia de información mediante los registros detallados y fiables que permitan identificar las características de la víctima, la relación con ellos, el entorno y las motivaciones, entre otros aspectos”.
Ante esta situación, la comparabilidad regional es un desafío grande en Latinoamérica para tener datos similares que sirvan de herramienta para mejorar la calidad de la información nacional con vistas a profundizar el análisis de los asesinatos por cuestiones de género en la región.
Asimismo, en 2009 se creó el Indicador regional de feminicidio, por parte del Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe; en ese entonces, solo cuatro países (Costa Rica, Venezuela, Colombia y Guatemala) habían tipificado el feminicidio en sus respectivos códigos penales.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe explica que para 2015, en la mayoría de las naciones se había tipificado este delito y se habían llevado a cabo reformas a la ley.
Además de permitir la creación de políticas públicas basadas en casos reales, la importancia del indicador regional de feminicidio radica en que servirá para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sustentable 5 y 16 de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas.
Esas metas radican en “eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres en los ámbitos público y privado, incluida la trata y explotación sexual”, así como la reducción significativa de todas las formas de agresión y las correspondientes tasas de mortalidad en el mundo, entre otras propuestas.
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