MONTERREY.- Aunque el Gobierno del Estado arrancó desde la semana pasada la verificación de emisiones contaminantes en el transporte público, la mitad de las rutas que operan en Nuevo León no están obligadas a hacerlo debido a que están amparadas.
Esto quiere decir, que la autoridad estatal no puede forzarlos a someterse al estudio ya que violaría el recurso legal que impide cualquier acción en contra de los transportistas, señaló Luis Fernando Morales Rizzi, subdirector General del Instituto de Movilidad y Accesibilidad.
Lo anterior causó dudas al equipo de transición entrante, mientras que los funcionarios salientes no despejaron la duda sobre si con este amparo, los transportistas pueden irse por la vía libre para incrementar el precio de la tarifa.
En entrevista, Hernán Villarreal, coordinador de transición del gobierno entrante, señaló que quedaron dudas al respecto, ya que no se informó qué empresarios tienen este amparo a su favor y cuántas rutas en específico son.
Por su parte, Noé Chávez, director del Instituto, recalcó que, ante la ley, no está autorizado un incremento a la tarifa.