TABASCO. - Luego de que el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Jorge Mario Pardo Rebolledo, sometiera a discusión el primer proyecto de sentencia relacionado con el tema de la maternidad subrogada, la Red Feminista Tabasqueña se pronunció en contra de la “renta de vientres”, pues aseguraron que esta práctica “mercantiliza los cuerpos de las mujeres”.
En entrevista para MILENIO, la colectiva Marea Verde Tabasco, que forma parte de la Red Feminista Tabasqueña, explicó que la propuesta presentada a la SCJN pondera los intereses lucrativos de las empresas de fertilidad sobre los derechos humanos de las mujeres que deciden alquilar su útero para gestar.
“Es un doble discurso: por un lado, no podemos tener el derecho y control sobre nuestros cuerpos, pero cuando hay una conveniencia mercantil se romantiza esta situación de la mujer. Es muy peligroso este discurso de 'ellas lo deciden', siempre hay que ver desde dónde se elige, porque si es desde la precariedad la elección es cuestionable”, dijo Francelia Rodríguez, integrante de la colectiva.
El proyecto de sentencia propuesto por Pardo promueve amparar a la empresa Fertility Center Tabasco en contra de los Artículos 380 Bis 3 Párrafo 6, 380 Bis 4 fracción IV, 380 Bis 5 Fracción I y penúltimo párrafo del Código Civil del Estado de Tabasco, que actualmente prohíbe el alquiler de vientres, así como la reproducción asistida a extranjeros, sin importar si residen en territorio nacional o su situación migratoria.
La sala de la SCJN ha reconocido la existencia del derecho de la reproducción asistida como aquél que forma parte de la norma para decidir sobre el número y el espaciamiento de los hijos.
La norma reclamada, agrega, afecta el derecho de quienes deciden acudir a estas técnicas.
Al respecto, la colectiva señaló en su pronunciamiento que no es un acto discriminatorio impedirles a extranjeros un medio biológico de gestación en la entidad, pues “no es un derecho de terceros utilizar a una mujer para gestar un feto y comprarlo como si se tratara de un producto”.
En ese sentido, Mariloly Alcudía, integrante de Marea Verde Tabasco, manifestó que existen registros en la entidad de mujeres y recién nacidos a los que se les vulneraron sus derechos por las prácticas desleales de empresas de fertilidad. Por ello, se debe considerarse más allá de la “libertad de trabajo” a las mujeres que alquilan su útero para gestar.
“Más que exista una prohibición absoluta de facto queremos que se escuchen las voces de las víctimas: mujeres que por ese procedimiento tienen una enfermedad como VIH, niños que, derivado de esta práctica, se encuentran desamparados.
“Queremos que haya sanciones a las empresas que realizan estas prácticas desleales y que tengamos un diálogo donde haya opiniones médicas sobre los riesgos y la protección de la gestación desde el momento en que la mujer decide entrar a este tipo de procedimiento”, explicó Alcudía.
Del mismo modo, Patricia Carrillo señaló que el Estado debe garantizar el bienestar de las mujeres y atender la situación desde la raíz, para que no tengan que recurrir a alternativas como la renta de su vientre para poder acceder a necesidades educativas y financieras.
“Antes de querer ganar dinero con el cuerpo de una mujer, el Estado debe cubrir las necesidades educativas y de trabajo, así ellas podrían buscar un sostén diferente y no tendrían por qué llegar ante este peligro que es el vientre de alquiler, se pase sobre ellas y se violenten sus derechos”, finalizó la integrante de Marea Verde Tabasco.
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