La historia de “Ciudad de los niños Salamanca” albergue dirigido por el sacerdote Pedro Gutiérrez Farías y en cuyas instalaciones menores fueron víctimas de violaciones a los derechos humanos, tales como tortura, golpes, trato cruel e inhumano y abuso sexual hoy a dado un paso hacia su resolución.
Fue el propio gobernador Diego Sinhue quien ofreció una disculpa pública a las más de 324 víctimas de dichos abusos, un hecho que no ocurrió durante su mandato, pero que era una deuda a saldar por parte del gobierno estatal.
“En cumplimiento a los imperativos constitucionales inherentes a mi cargo, así como la recomendación citada reconozco y aceptó la responsabilidad en la que se ha incurrido con motivo de los hechos suscitados al interior de las casas hogar administradas por la ciudad de los niños Salamanca”, pronunció Sinhue.
Así mismo, se comprometió a reparar los daños causados a todas las víctimas a través de acciones preventivas y disuasivas que garanticen su no repetición, así como a evitar la comisión de nuevas violaciones a los derechos humanos, por lo cual instruyó a todas las dependencias de la Administración Pública Estatal competentes para que sumarse a la brevedad posible a las medidas restaurativas recomendadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Víctimas de la tragedia como “Paloma” también hicieron uso de la voz para aceptar las disculpas, y al mismo tiempo exigir soluciones contundentes, para que nadie vuelva a pasar por ello.
“Espero que los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes sean respetados, por qué muchas instituciones no tienen este tipo de respeto y en ocasiones los derechos de las personas albergadas, son vulnerados por las personas que trabajan en estos albergues, de verdad deseo de todo corazón que pongan más atención en este tipo de situaciones para prevenir que existan y que terminen igual o peor que la nuestra” compartió Paloma, como parte de su testimonio.
Guanajuato deberá acatar las siguientes recomendaciones:
En atención a las recomendaciones de la CNDH, puntualizadas en el documento 32VG/2020 que fue aceptado en todos sus términos, el Gobierno de Guanajuato habrá de acatar las siguientes medidas.
Reparación Integral del daño: El estado debe investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos establecidos en la ley.
Rehabilitación: Brindar atención médica y psicológica proporcionada por personal profesional especializado, que deberá prestarse de forma continua a las víctimas hasta que estas alcancen en la medida de lo posible su sanación física, psíquica y emocional, o en su caso su inclusión a la sociedad.
Satisfacción: La satisfacción debe incluir, medidas eficaces para conseguir que no continúen las violaciones, verificación de los hechos y la revelación pública y completa de la verdad, una declaración oficial que restablezca la dignidad, la reputación y los derechos de las víctimas, sumado a una disculpa pública y la aplicación de sanciones jurídicas o administrativas a las personas responsables de las violaciones.
Garantías de no repetición: Consistente en implementar las medidas que sean necesarias a fin de evitar la repetición de hechos violatorios de derechos humanos y contribuir a su prevención, por ello, el Estado debe adoptar todas las medidas legales, administrativas y de otra índole para hacer efectivo el ejercicio de los derechos de las víctimas.
“La serie de derechos que fueron violentados en este espacio y que están descritos con sumo detalle en la en la recomendación, creo además son una expresión de la continuidad que tiene que haber y el proceso de mejora de ambas cosas por parte de las instituciones del estado. Por un lado, una recomendación que nació y cuya investigación fue hecha en la administración anterior de la CNDH y la responsabilidad de un gobierno Estatal anterior al del gobernador Diego Sinhue” concluyó Ricardo Bucio, Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA).