CIUDAD DE MÉXICO.- Organizaciones y asociaciones civiles advirtieron que la regulación de la cannabis aprobada por la Cámara de Diputados violenta la orden de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quienes desde 2019 resolvieron que el Congreso de la Unión debía eliminar la “prohibición absoluta” del consumo de la mariguana.
En entrevista para MILENIO, Zara Snapp, cofundadora del Instituto RIA, señaló que si bien lo aprobado respecto al tema de la marihuana “es un hecho histórico y sin precedente en México”, aún hay cosas que mejorar, pues no se eliminó la criminalización del consumidor.
“No se quita por completo el enfoque punitivo, no se quita el enfoque penal, es decir, te van a poder detener, revisar o multar si es menos de 200 gramos, esto no es el caso para otras sustancias psicoactivas como el café o el tabaco”, señaló.
Añadió que, otra situación que preocupa a las organizaciones es el tema de las comunidades cultivadoras, “porque no hay ningún porcentaje de licencias destinadas para ellas”.
Por último, indicó que esto apenas comienza, pues “se tendrían que seguir peleando, tanto en las modificaciones a la ley, como en leyes secundarias y en las políticas públicas que van a acompañar la nueva ley”, dijo.
Asimismo, México Unido Contra la Delincuencias (MUCD), coincidió que la regulación del cannabis violenta la orden de los ministros de la Suprema Corte y deja abierta una ventana para la persecución y extorsión del consumidor.
“Aunque la SCJN fue clara y ordenó al legislativo eliminar dicha prohibición y regular todas las acciones necesarias para acceder al consumo, el proyecto de ley aprobado por la Cámara de Diputados incumple con este mandato”, acusa.
A través de un comunicado, los integrantes de MUCD apuntaron que el dictamen aprobado es una ley que no genera cambios, pues sigue criminalizando a los usuarios y los expone a la extorsión por parte de las autoridades.
“Con ello, mantiene un sistema de umbrales de tolerancia que genera inseguridad jurídica para los usuarios, pues hace difícil comprender cuándo están cometiendo un delito y cuándo una falta administrativa. Además, el simple aumento de las cantidades por las cuales se puede sancionar penalmente no elimina los espacios de extorsión ni la posibilidad de que la policía detenga arbitrariamente a las personas por apariencia sospechosa”, señalan.
Por ello, hicieron un llamado al Senado de la República para que “corrijan el proyecto y cumplan con el mandato de la SCJN de eliminar la prohibición absoluta de consumo de cannabis”.
ard