MÉXICO.- Padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa y su defensa tienen en la mira a por lo menos tres militares del batallón 27 de Iguala, Guerrero, por estar relacionados “por acción u omisión” con la desaparición de los estudiantes la noche del 26 de septiembre de 2014.
“Son líneas que ya se tenían desde antes, pero que no había querido el gobierno anterior profundizar”, señaló Vidulfo Rosales, abogado de los familiares.
La misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su informe de noviembre de 2018 sobre el caso Ayotzinapa, refiere irregularidades en la investigación a militares, como inspecciones a equipo de cómputo con un retraso de tres años, pérdida de evidencia fotográfica o que el Ejército destruyó las armas de los policías involucrados en los hechos.
“Tenemos acciones penales contra militares, contra policías federales, acciones penales e investigaciones que están en curso”, señaló Rosales sobre la petición.
Además, Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro, señaló que hay indicios de la colusión de elementos del Ejército en este caso, aunque precisó que se trata de personas, no de la institución.
Se trata del capitán José Martínez Crespo, el teniente Joel Gálvez y el soldado Eduardo Mota, a quienes la defensa señala de tener vínculos con la delincuencia organizada, según consta en un documento entregado al presidente Andrés Manuel López Obrador en agosto, en el que le solicitaron “detener y someter a proceso a los elementos del 27 Batallón de Infantería que incurrieron en falsedad de declaraciones, que incurrieron en delitos por sus omisiones la noche de los hechos, que tenían vínculos con la delincuencia organizada y/o que por acción u omisión participaron en los hechos”.
mmr
MÉXICO.- Padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa y su defensa tienen en la mira a por lo menos tres militares del batallón 27 de Iguala, Guerrero, por estar relacionados “por acción u omisión” con la desaparición de los estudiantes la noche del 26 de septiembre de 2014.
“Son líneas que ya se tenían desde antes, pero que no había querido el gobierno anterior profundizar”, señaló Vidulfo Rosales, abogado de los familiares.
La misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su informe de noviembre de 2018 sobre el caso Ayotzinapa, refiere irregularidades en la investigación a militares, como inspecciones a equipo de cómputo con un retraso de tres años, pérdida de evidencia fotográfica o que el Ejército destruyó las armas de los policías involucrados en los hechos.
“Tenemos acciones penales contra militares, contra policías federales, acciones penales e investigaciones que están en curso”, señaló Rosales sobre la petición.
Además, Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro, señaló que hay indicios de la colusión de elementos del Ejército en este caso, aunque precisó que se trata de personas, no de la institución.
Se trata del capitán José Martínez Crespo, el teniente Joel Gálvez y el soldado Eduardo Mota, a quienes la defensa señala de tener vínculos con la delincuencia organizada, según consta en un documento entregado al presidente Andrés Manuel López Obrador en agosto, en el que le solicitaron “detener y someter a proceso a los elementos del 27 Batallón de Infantería que incurrieron en falsedad de declaraciones, que incurrieron en delitos por sus omisiones la noche de los hechos, que tenían vínculos con la delincuencia organizada y/o que por acción u omisión participaron en los hechos”.
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