Tras el procedimiento penal y administrativo que enfrenta la empresa Química Central S.A de C.V. por dos años ante irregularidades en uso y desmantelamiento de residuos peligrosos de manera ilegal, dueños de la industria no han dado respuesta ante la también violación de clausura.
Arturo Rodríguez, delegado de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa), expresó en entrevista para Telediario, que el proceso ahora depende de la Procuraduría General de la República (PGR).
Informó que la empresa Química Central S.A. de C.V, enfrenta un nuevo proceso administrativo, en ésta ocasión por violar la ley al retirar residuos peligrosos de manera ilegal.
"El proceso penal es algo que debemos preguntar a la Procuraduría General de la República (PGR). Nosotros como autoridad administrativa hemos hecho todo lo que está en nuestras manos, para lograr que la empresa resuelva los problemas que ha generado en San Francisco del Rincón en sus propias instalaciones, para que se atiendan los temas asociados a la contaminación de agua que se han presentado. Esperamos que la acción de la PGR rinda frutos para obligar a estas personas a cumplir con lo que la autoridad administrativa ha ordenado, en este caso la Profepa", indicó Arturo Rodríguez.
Señaló que la Profepa no puede utilizar dinero público para resolver un problema ambiental que ha sido ocasionado por una empresa privada, "necesitamos el concurso de otras instancias como la PGR, como la Comisión Nacional del Agua, para que logremos resolver el problema".
"Es la Procuraduría General de la República la que a través de los procedimientos penales puede privar de la libertad a las personas responsables, lo cual generalmente actúa como un buen incentivo para dar cumplimiento de la ley", comentó.