Guadalajara.- La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, pidió a las autoridades federales y estatales dar a conocer cuál ha sido su participación para atender el severo problema de contaminación que persiste en el Río Santiago y Lago de Chapala, luego de que continúan sin dar una respuesta.
El organismo emitió el informe especial “Área de influencia por los contaminantes primarios presentes en el río Santiago y lago de Chapala”, donde se analizaron casos de 67 indicadores que demuestra el grado de efecto por la polución en 149 localidades.
“Esperemos que esto se pueda expandir para que la toma de decisiones será real y no sea solamente en hacer proyectos que afán de hacer saneamiento y restauraciones ecológicas destruyan todavía más el territorio haciendo obras que no han tenido un efecto para restaurar este problema”.
El informe destaca cómo el impacto generado por la actividad industrial es superior respecto al resto: el daño territorial tangible por las actividades de transformación es 237% más alto que el provocado por labores agropecuarias y 30 % mayor que en el caso de las urbanas, por lo que la Comisión propuso el análisis de una declaración de moratoria para contener el crecimiento del sector industrial en El Salto, Juanacatlán, Poncitlán y Tonalá y solicitó a las autoridades del Estado se cumplan con una serie de puntos.
“Que se publique de manera permanente el resultado de los monitores de los contaminantes en el lago de Chapala y en el rio Santiago derivados de lixiviados y contaminantes los sectores agropecuarios, industriales y urbanos”.
“Que se utilicen los hallazgos y metodología del presente informe especial para revisar la pertinencia de iniciar con procesos de reparación integral del daño en los casos de las personas que presentan afectaciones graves”.
Además, en 13 localidades de Poncitlán, que colindan con el lago de Chapala y presentan altos grados de vulnerabilidad e impacto, no se encuentran incluidas en la actuación cautelar interamericana y la misma situación se demuestra en las localidades de Tololotlán y Puente Grande, en Tonalá.
Cabe señalar que el pasado 27 de enero de 2009, la Comisión emitió una recomendación por violación de los derechos humanos a la salud y a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, desde entonces, la problemática se ha complicado.