MÉXICO.- La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México (ONU-DH) y 32 organizaciones defensoras de derechos humanos, demandaron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que el Estado mexicano garantice los derechos de migrantes, pues debido a la militarización de fronteras y la política migratoria con participación de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional se violan los derechos de este sector.
En ese sentido, las organizaciones de la sociedad civil expusieron que la práctica sistemática de “devoluciones en caliente” o pushbacks tiene como objetivo disuadir y criminalizar la migración y la búsqueda de protección internacional. Por ello, exhortaron al Estado mexicano limitar la participación de las corporaciones de seguridad en tareas de migración.
Durante la audiencia con la CIDH, indicaron que el despliegue de fuerzas militarizadas ha exacerbado los casos de uso ilegítimo de la fuerza contra personas migrantes.
Tal es el caso de los actos violencia y tortura a los que fueron sometidos por integrantes de la Guardia Nacional y del Instituto Nacional de Migración (INM) las personas detenidas en la Estación Migratoria Siglo XXI, que protestaban por la falta de claridad en sus procesos de asilo.
También, señalaron la negativa por parte del INM para el acceso de las personas con necesidades de protección internacional a los procedimientos de asilo en México y su expulsión “en caliente” por las fronteras terrestres y áreas, lo que deriva en la violación al principio de “no devolución.”
Práctica que resulta en otras violaciones a derechos humanos, como detenciones ilegales, separación familiar y la falta de acceso a la justicia.
Por su parte, Guillermo Fernández Maldonado, representante de la ONU DH en México, hizo hincapié en que los esfuerzos para garantizar una migración segura se están viendo afectados con el despliegue de Fuerzas Armadas y otros cuerpos policiales, y recalcó que la oficina de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en México también ha documentado devoluciones “en caliente”, tanto en frontera como en estaciones migratorias, sin adecuadas garantías del debido proceso.
Durante la audiencia , se reiteró la solicitud hecha a la CIDH para que realice una visita ocular a las fronteras del país, para poder presenciar y observar la situación de las personas migrantes y solicitantes de asilo, y el actuar de las autoridades, lo que le permitiría dar seguimiento a sus recomendaciones en la materia.
Por último, se solicitó a la Comisión que inste al Estado mexicano a designar tareas de gestión migratoria únicamente a los órganos competentes del fuero civil, y límite de manera inmediata la participación de las corporaciones militarizadas, para presentar información clara y precisa sobre el presupuesto total que se brinda a la Guardia Nacional.
Además, se deberán informar sobre el número de detenciones y los protocolos de actuación relacionados éstas, datos sobre las capacitaciones en materia de derechos humanos, eliminar la práctica de perfilamiento racial y promover medidas específicas, a fin de erradicar los actos de xenofobia y discriminación.
Por su parte, representantes del Estado mexicano señalaron que cuentan con un marco normativo que estipula el resguardo de los derechos de las personas migrantes con protocolos para atender todos los flujos migratorios.
Sin embargo, no dieron respuesta respecto al enfoque militarizado bajo el que se atiende la migración, la disparidad de cifras de detenciones de migrantes realizadas tanto por las Fuerzas Armadas como la Guardia Nacional, respecto a las que refiere el INM, ni ante la falta de controles adecuados frente a los abusos. Tampoco dieron respuesta frente a las denuncias de “devoluciones en caliente”.
A este respecto, las comisionadas de la CIDH refirieron su preocupación respecto a la necesidad de realizar una distinción entre funciones de seguridad y de asistencia humanitaria directa a las personas migrantes, refugiadas y con necesidades de protección internacional.
Finalmente, la CIDH remarcó que el Estado mexicano dio su consentimiento para una visita presencial por parte de representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por lo que esperan que sean fijadas las fechas para esas diligencias.
cog