Colectivos de victimas de las explosiones del 22 de abril solicitaron al Congreso del Estado que se instale la comisión de la verdad propuesta en el informe especial del caso “22 de abril de 2020” por el ombudsman Alfonso Hernández Barrón para dar justicia y conocer la verdad.
El presidente de la Red Jalisciense de Derechos Humanos, Óscar González Garín, mencionó que no solo quieren justicia para los lesionados y sobrevivientes, si no para todos los agraviados, como los huérfanos, las viudas y los empresarios que perdieron sus fuentes de trabajo.
“Trabajemos juntos sociedad y gobierno para que en el próximo 30 aniversario, Jalisco reciba disculpas y justicia para sus agravios, la impunidad no puede prevalecer y eternizarse, así como tampoco una tragedia de tal magnitud puede pasar desapercibida como se pretende, ni podemos permitir que se repita en ninguna parte del país”, dijo.
González Garín recordó que ya pasó un año de la propuesta hecha por Hernández Barrón, y aunque han sido atendido por personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, no han iniciado con los trabajos. Este jueves se cumplen ya 29 años de aquel fatídico día.
En otros temas, Sonia Solórzano Romo, sobreviviente de las explosiones, mencionó que está en riesgo el fideicomiso de Apoyo de Seguridad Social (FIASS) que reciben los sobrevivientes ante la falta de un techo financiero que fortalezca su capital social. Indicó que de no prestarle la atención a este señalamiento el próximo año, las victimas se encontrarían en total desamparo de seguridad social.
Según dijo, el capital al 31 de marzo es de 19 millones 280 mil 891.22 pesos, mientras que el presupuesto que se contempla para ser ejercido en 2021 es: por pago anual en apoyos económicos a fideicomisarios, 7 millones 820 mil pesos; pagos de servicios de salud Jalisco, 307 mil 844.70 pesos; pago anual de honorarios administrativos, 69 mil 974.40 pesos; pago de dictaminación anual correspondiente a 2020, 20 mil pesos, para un total de ocho millones 218 mil 802 pesos.
CGE