Moody’s Investors Service advirtió que la propuesta del gobierno de Andrés Manuel López Obrador de eliminar las exportaciones de crudo es negativa para la calificación crediticia tanto de Petróleos Mexicanos (Pemex), como del país.
En conferencia, el analista soberano de Moody’s en México, Jaime Reusche, explicó que en la agencia están muy atentos a lo que pueda suceder con los anuncios o posibles planes en el sector energético porque es bastante sensible, pues si bien Pemex está en una situación estable, también es frágil.
Explicó que el gobierno saliente ha tenido muy buenos resultados al disminuir la dependencia de los ingresos petroleros, de 34 por ciento en 2012 a 10 por ciento en 2017, pero aún así si se empieza a cambiar la estructura de cómo funciona el sector energético y cómo se transfieren los ingresos a las cuentas fiscales, o si éstos se cortan, habrá un impacto.
“Sí puede tener repercusiones en la calificación si es que se da o no se encuentra un sustituto de ingresos petroleros”, aunque esto no sería inmediatamente, sino en el mediano plazo, dijo Reusche.
La analista líder de Pemex en Moody’s, Nimia Almeida, detalló que si el próximo gobierno decide privilegiar la refinación de hidrocarburos, los ingresos de Pemex disminuirían, pues al exportar se cobra en dólares y al enfocarse en el mercado interno los ingresos serían en pesos, en un contexto donde 87 por ciento de su deuda (104 mil millones de dólares a junio de 2018) está denominada en dólares y otras monedas duras.
Agregó que el nuevo plan también llevaría a forzar a Pemex a importar crudo, lo que implicaría mayores riesgos por tipo de cambio y un efecto negativo en el flujo de efectivo.
Al preguntar cuándo revisará Moody’s la calificación de México, el analista soberano respondió que normalmente ser haría en marzo o abril, pero con el cambio de gobierno necesitan más tiempo para evaluar, por lo que estima que será después de la primera mitad de 2019.
En un informe, Moody's destacó que los planes para detener las exportaciones de petróleo privarían al gobierno de ingresos por casi 2 por ciento del producto interno bruto (PIB), obligándolo a aumentar los impuestos o abandonar su promesa de disciplina fiscal