MÉXICO.- La eliminación de la violencia contra la mujer requiere de capacitación a operadores jurídicos para actuar con perspectiva de género, la reparación de la negligencia de autoridades, así como la construcción de una comunidad políticamente ética y responsable.
Esas fueron las conclusiones durante el segundo día del Laboratorio sobre Mecanismos de Protección de los Derechos de las Mujeres en las Américas, espacio de reflexión de expertas encabezado por Norma Lucía Piña Hernández, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y presidenta de la Comisión Permanente de Género y Acceso a la Justicia de la Cumbre Judicial Iberoamericana.
Dicha Cumbre es una estructura que agrupa a los altos tribunales de los países iberoamericanos, creada para intercambio de experiencias, proyectos y acciones para fortalecer al Poder Judicial y al sistema democrático.
Las mujeres de Iberoamérica están expuestas a múltiples riesgos y situaciones de desventaja, por ello se hace patente juzgar con perspectiva de género y prevenir la discriminación estructural existente y abordar el desequilibrio del poder, mencionó la ministra en las conclusiones.
En la mesa uno "Derechos sexuales y reproductivos", el análisis es que existe una desigualdad estructural que impacta la salud sexual reproductiva de las féminas, violencia obstétrica y legislaciones que criminalizan la interrupción del embarazo. Éstas generan abortos clandestinos y falta de acceso a la salud, lamentó.
El grupo interdisciplinario consideró urgente las adecuaciones a la normatividad sobre la información y la educación sexual, de niños, adolescentes y adultos y adaptarlas a estándares internacionales.
En la mesa dos "Feminicidios" se hizo énfasis en la impunidad prevaleciente, de ahí el compromiso, dijo la ministra, de trabajar en la prevención, tratamiento y protección de la violencia de género. Añadió que la desigualdad "es un elemento que condiciona la presencia mayor de feminicidios en todos nuestros países".
En la mesa tres "Mujeres y movilidad humana" se analizó la migración femenina, registrándose un cambio al pasar de salir al extranjero para encontrarse con su familia o pareja a emigrar por motivos de violencia generalizada, ya sea por su género o condiciones inseguras.
cog
MÉXICO.- La eliminación de la violencia contra la mujer requiere de capacitación a operadores jurídicos para actuar con perspectiva de género, la reparación de la negligencia de autoridades, así como la construcción de una comunidad políticamente ética y responsable.
Esas fueron las conclusiones durante el segundo día del Laboratorio sobre Mecanismos de Protección de los Derechos de las Mujeres en las Américas, espacio de reflexión de expertas encabezado por Norma Lucía Piña Hernández, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y presidenta de la Comisión Permanente de Género y Acceso a la Justicia de la Cumbre Judicial Iberoamericana.
Dicha Cumbre es una estructura que agrupa a los altos tribunales de los países iberoamericanos, creada para intercambio de experiencias, proyectos y acciones para fortalecer al Poder Judicial y al sistema democrático.
Las mujeres de Iberoamérica están expuestas a múltiples riesgos y situaciones de desventaja, por ello se hace patente juzgar con perspectiva de género y prevenir la discriminación estructural existente y abordar el desequilibrio del poder, mencionó la ministra en las conclusiones.
En la mesa uno "Derechos sexuales y reproductivos", el análisis es que existe una desigualdad estructural que impacta la salud sexual reproductiva de las féminas, violencia obstétrica y legislaciones que criminalizan la interrupción del embarazo. Éstas generan abortos clandestinos y falta de acceso a la salud, lamentó.
El grupo interdisciplinario consideró urgente las adecuaciones a la normatividad sobre la información y la educación sexual, de niños, adolescentes y adultos y adaptarlas a estándares internacionales.
En la mesa dos "Feminicidios" se hizo énfasis en la impunidad prevaleciente, de ahí el compromiso, dijo la ministra, de trabajar en la prevención, tratamiento y protección de la violencia de género. Añadió que la desigualdad "es un elemento que condiciona la presencia mayor de feminicidios en todos nuestros países".
En la mesa tres "Mujeres y movilidad humana" se analizó la migración femenina, registrándose un cambio al pasar de salir al extranjero para encontrarse con su familia o pareja a emigrar por motivos de violencia generalizada, ya sea por su género o condiciones inseguras.
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