MÉXICO.- La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (PJF) manifestó su preocupación por diversos puntos propuestos en las iniciativas de leyes reglamentarias de la reforma al PJF, presentadas al Senado el 16 de marzo.
A través de un comunicado, indicó que se conformó un grupo de trabajo encabezado por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, con la finalidad de atender las principales preocupaciones incorporadas en las iniciativas de leyes reglamentarias de la reforma al PJF.
La asociación mencionó que se celebraron dos reuniones y se trabajó para buscar dentro de los márgenes de las iniciativas presentadas, los ajustes a su articulado que permitieran el cumplimiento de estándares internacionales en materia del procedimiento de responsabilidad administrativa, medidas cautelares, recursos, readscripciones, visitas extraordinarias y ratificaciones.
"El resultado de este esfuerzo le ha dado un giro completo a la teleología y estructuración de las nuevas leyes orgánicas del Poder Judicial de la Federación y de carrera judicial. Hacemos votos para que los legisladores atiendan estos importantes ajustes”, expresó la asociación.
Por su parte, en su cuenta de Twitter, el presidente de la Corte escribió: "En unidad con las y los juzgadores federales avanzamos hacia una reforma judicial que preserve las garantías de las personas juzgadoras y consolide un mejor PJF en beneficio de la gente”.
El presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Senado la iniciativa de Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley de Carrera Judicial, que establecen un esquema de sanciones severas para castigar el nepotismo de jueces y magistrados, que prevén la inhabilitación hasta por 20 años por la comisión de faltas graves.
Con esto se actualiza la causal de responsabilidad administrativa en los casos de acoso y hostigamiento sexual, prevén la suspensión del empleo, cargo o comisión, destitución, sanción económica e inhabilitación temporal para desempeñarse en el servicio público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas en caso de la comisión de faltas graves.
En el caso de la comisión de faltas administrativas no graves, las sanciones consistirán en: amonestación privada o pública, suspensión del empleo, cargo o comisión, destitución de su empleo, cargo o comisión e inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público.
Además, se impone un esquema de sanciones para personas físicas y morales, que van desde la sanción económica, inhabilitación hasta por 8 años para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, indemnización por los daños o perjuicios ocasionados al patrimonio del Poder Judicial de la Federación o a la hacienda pública federal.
El titular del Ejecutivo Federal indicó que la iniciativa pretende mejorar el sistema de justicia con pleno respeto a la división de poderes y a la independencia judicial.
También, se sancionará con responsabilidad administrativa los nombramientos cruzados o nepotismo, estableciéndose como causal atribuible a las personas que hubieran recibido un nombramiento de base, interino o de confianza y éstos extiendan nombramientos a los cónyuges, concubinos, convivientes o parejas en relaciones análogas o a parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado de la persona que los nombró.
La propuesta incluye también sanciones para las personas públicas e incluso para las empresas que se hubieran beneficiado con actos de corrupción, a través de integrantes del poder judicial.
La iniciativa busca también aligerar la carga de los trabajos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que pueda enfocarse en sus facultades constitucionales en los asuntos más relevantes para el orden jurídico nacional, al señalar que “es menester que ya no conozca de controversias o trámites que involucren una mera cuestión de legalidad”.
En ese sentido, los Plenos regionales, que sustituyen a los Plenos de Circuito, tendrán a su cargo resolver las contradicciones de tesis en los circuitos sobre los que ejerzan jurisdicción y todos los conflictos competenciales que se susciten en el país entre los órganos jurisdiccionales.
cog