Presuntos feminicidas de Fátima ofrecieron dinero a autoridades para no ser detenidos

Giovana ‘N’ y Mario Alberto ‘N’ no han sido trasladados a la CDMX debido a que no existe una orden de aprehensión por el caso de Fátima expedida por la FGJ capitalina.

Nacional /

Ciudad de México.- Giovana ‘N’ y Mario Alberto ‘N’, presuntos homicidas de la pequeña Fátima, continúan detenidos en instalaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJ) ubicadas en el municipio de Atizapán de Zaragoza, por el delito de cohecho en flagrancia y no por la presunta desaparición e infanticidio de la menor.

Además, su traslado a la Ciudad de México no se ha podido concretar debido a que no existe una orden de aprehensión por parte de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina por el caso de Fátima, hecho contrario a la propia versión de las autoridades capitalinas, quienes habían señalado que ya existía un orden en contra de estas dos personas.

Giovana ‘N’ y Mario Alberto ‘N’ se encuentran detenidos por el delito de cohecho, es decir, por haber ofrecido dinero a policías del Estado de México para que no los detuvieran, por lo que las autoridades mexiquenses solo son responsables por la detención de este delito.

La pareja fue capturada anoche, al estar presuntamente relacionada con la muerte de la niña, cuyo cuerpo fue localizado en un predio de la  colonia Los Reyes, en la alcaldía de Tláhuac.

Agentes de la Policía Municipal de Isidro Fabela y de la Secretaría de Seguridad del Estado de México fueron alertados por un vecino de la zona sobre el probable paradero de Giovana 'N' y Mario Alberto 'N'.

La pareja fue ubicada en un inmueble en la comunidad de La Palma, momento en que ofrecieron el dinero. 

Los elementos policiacos detuvieron a estas personas y con apoyo de seguridad perimetral de la Guardia Nacional, los pusieron a disposición del Representante Social de la fiscalía estatal, en el municipio de Atizapán, por la probable comisión del delito de cohecho en flagrancia.

Una vez que se practiquen las diligencias respectivas, de conformidad con las disposiciones constitucionales y legales aplicables y en los plazos establecidos por la ley, se determinará la situación jurídica de los detenidos.

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