Puebla.- Fue presentada una iniciativa para reformar el Código Penal del Estado, con el objetivo de castigar a quién difunda los hallazgos de homicidios.
Tras el caso del feminicidio de Ingrid Escamilla, en el que se difundió a través de redes sociales y medios de comunicación la fotografía de su cadáver; Mónica Lara Chávez, diputada de Encuentro Social propuso condenar hasta con ocho años de prisión al que revele indebidamente evidencias de delitos y procedimientos penales.
La pena podría incrementar si se trata de audios o videos de cadáveres.
Se prevé también la destitución e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo, o comisión públicos por el lapso de la privación de la libertad impuesta a quien incurra en dichos delitos.