Pese a los argumentos que puedan esgrimir autoridades, el Centro Federal de Readaptación Social Número Dos de Puente Grande, Jalisco sí era funcional, pero ganó la corrupción.
"Claro que es funcional la instalación fue creada con una infraestructura de máxima seguridad, que hubo problemas de gobernabilidad, eso se atañe a la cuestión humana quien falló fue el personal humano”, detalló Luis Carlos Sainz, analista de Seguridad y Justicia Jalisco.
Sin embargo, su cierre definitivo, vendrá a beneficiar a Jalisco con el éxodo de las familias de los delincuentes que estaban recluidos, y que por cercanía se asentaron en la entidad.
“Seguramente tuvieron que adquirir propiedades, están en el proceso de venta y ahora los nuevos que se están llevando, ya no tendrán nada que hacer sus familiares en Jalisco a menos que privilegio de la familia de que deben seguir estudiando los muchachos”, dijo.
De acuerdo con el analista en materia de seguridad y justicia, los amparos que pudieron promover internos para evitar el traslado, no prosperarían.
Los procesos jurídicos de cada uno de ellos, no se afectan.
La Constitución en su artículo 18 establece que las personas compurgarán sus penas en Centros Penitenciarios cercanos a su domicilio, pero no aplica para quienes son acusados de delincuencia organizada y aquellos que ameriten medidas especiales de vigilancia.
“Es decir, estamos hablando alta criminalidad, o de los que ya cometieron varios delitos corre peligro su vida, o corre peligro la de otros internos o funcionarios, y hay necesidad de trasladarlos y a ellos se les puede aplicar esta excepción”, señaló.
El analista se pronunció porque el Estado utilice el inmueble para despresurizar las cárceles locales que también albergan a reos de alta peligrosidad.