La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró constitucional la reforma aprobada por el Congreso de Jalisco que permite reducir el financiamiento público a los partidos políticos, denominada “Sin voto no hay dinero” y que entrará en vigor en 2019.
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La propuesta fue presentada por el diputado independiente Pedro Kumamoto y aprobada por el Congreso jalisciense el 1 de junio; con ésta, se reducirá en 60 por ciento el financiamiento público local.
La reforma fue impugnada por los partidos Verde Ecologista de México, Nueva Alianza y Morena.
A continuación te presentamos a detalle la reforma #SinVotoNoHayDinero
1. Modifica la fórmula de distribución de recursos públicos a los partidos para que la base a partir de la que se calcula el financiamiento sea la votación válida emitida en la elección federal o local anterior, y no el padrón electoral como ocurre actualmente.
2. Con cambios a sólo un artículo de la Constitución y uno de la Ley General de Partidos Políticos, la propuesta de Pedro Kumamoto generaría un ahorro total de 2 mil 253 millones 304 mil 202 pesos al año, de acuerdo con el documento que puede consultarse en el sitio #SinVotoNoHayDinero.
3. Se trata de una modificación a la fracción segunda del artículo 41 de la Constitución para que el financiamiento se calcule anualmente a partir de la votación válida emitida multiplicada por 65 por ciento de la unidad de medida y actualización.
Actualmente el padrón electoral es la base para calcular los recursos públicos que reciben los partidos políticos: 4 mil 53 millones 569 mil 957 pesos.
Con la nueva fórmula, los partidos políticos recibirían 1 mil 800 millones 265 mil 754 pesos, considerando 65 por ciento de la unidad de medida, tasada en 73 pesos.
4. Esta propuesta va acompañada de acciones para primero difundir la iniciativa, presionar a los diputados federales, entregar solicitudes en el Congreso de la Unión y en las oficinas de representación de los legisladores para obligarlos a discutirla y que no la envíen a la congeladora.
5. Hay ejemplos similares para reducir el financiamiento público a partidos en Argentina, Uruguay, República Dominicana, Paraguay, Panamá y Chile que establecen una relación directa entre el financiamiento público recibido de manera proporcional entre partidos y el número de votos que reciben.