El artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reputa como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del PoderJudicial de la Federación, los funcionarios y empleados, y, en general a toda aquella persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la Administración Pública Federal, lo cual en obvio de razones se circunscribe no únicamente al orden federal sino también a los órdenes estatales y municipales.
Es decir la denominación de servidor público resultaría de un riguroso análisis jurídico únicamente como una categoría constitucional que define un tipo de relación laboral, salarial, de obligaciones, responsabilidades y cargas dependientes de un nombramiento para el desempeño de una función pública.
Sin embargo lo esencialmente importante del concepto de servidor público se desprende de la conjunción de estos elementos, desde el nombramiento y la protesta pero más allá de esos términos se refiere principalmente a que esta categoría constitucional no es un privilegio, sino que implica un compromiso para la prestación de un servicio en beneficio de la sociedad que obliga a salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad imparcialidad y eficiencia en el desempeño de sus funciones, empleos cargos y comisiones.
Más allá de las disposiciones y categorías legales se espera que un servidor público cuente con ciertos valores personales que van desde tener la vocación de servicio, que sea ético y honesto, que se apegue de manera voluntaria y sistemática al marco legal que regula su función y encargo, que sea solidario con la sociedad y que tenga un alto sentido de responsabilidad. Nos queda claro que en el país hay una animadversión y una pésima opinión generalizada hacia los servidores públicos, llegando al grado de estigmatizar esta actividad de suma importancia para la sociedad, ya que es a través del desarrollo de esta función como se materializa la voluntad y las políticas públicas del estado en general, por lo tanto resulta prioritario atender esta situación para poder contar con gobiernos eficientes y eficaces a través de programas de mejora continua, de establecer una reestructura administrativa y operativa dentro de los diversos órdenes de gobierno y apegarse a una formación profesional en el desarrollo de todo servidor público, además de muchos otros temas que son necesarios para revertir esta opinión que divide y predispone al ciudadano al acudir o tener que solicitar los servicios de algún órgano de gobierno.
Hay que reconocer también que existen servidores públicos excepcionales y que estos se encuentran desde los cargos jerárquicos de menor nivel hasta los de mayor jerarquía, lo cual debería de ser la constante y no la excepción dentro de la actividad pública.