Una comisión de diputados del Congreso de Jalisco viajará el próximo jueves, a la Ciudad de México, para reunirse con ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y explicarles, que la reforma al código penal para inhabilitar perpetuamente a funcionarios y empresas que incurran en actos de corrupción, es válida jurídicamente, la modificación se aprobó en mayo pasado.
La Coordinación de Procesos Legislativos y de Asuntos Jurídicos del congreso local trabaja en el borrador que deberá estar listo el miércoles, antes de que viajen a la Ciudad de México, para presentar a los ministros argumentos técnicos y legales de la reforma.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos interpuso un recurso de inconstitucionalidad ante la corte, que fue aceptado, y ahora el congreso deberá responder antes del 22 julio.
Derechos humanos argumenta que la pena es inusitada, que es inhumana, cruel y excesiva, que aísla a las personas y que es un castigo desproporcionado al delito. La medida inhabilita de por vida, a todo funcionario público o empresa, a tener relaciones con el gobierno y ocupar cargos públicos en caso de incurrir en actos de corrupción y sólo tiene alcance en Jalisco.