Entre las reformas a la Constitución de Coahuila en materia de combate a la corrupción, se dejó fuera la Revocación de Mandato, pues sería una figura que pudiera obstaculizar la implementación del Sistema Estatal Anticorrupción.
Carlos Alberto Estrada Flores, director de Apoyo Legislativo del Congreso, explicó que fue una propuesta planteada por los diputados Sergio Garza Castillo, Leonel Contreras Pámanes y Luisa Ivonne Gallegos Martínez, así como por la Alianza Anticorrupción de Coahuila, ante la cual se realizó un estudio y análisis amplio.
Sin embargo, tanto los diputados integrantes de la Comisión de Procesos Legislativos en Materia de Combate a la Corrupción, como los abogados del Congreso y los abogados de la Alianza Anticorrupción, coincidieron en que sería irresponsable incluirla, toda vez que es improcedente.
Explicó que el fundamento de esta conclusión está sustentado en un antecedente en el que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se pronunció en el tema en el 2010.
"La SCJN llegó a la conclusión de que resultaba inconstitucional establecer esta figura, toda vez que no se encuentra contemplada en la Constitución Mexicana", detalló al referirse a un caso presentado en Yucatán.
"Coincidimos tanto los órganos técnico jurídicos del congreso, con los abogados que vinieron por parte de Alianza Anticorrupción, que este documento y criterio de la corte era imposible incorporarlo, si así se hacía, sería inconstitucional, sería irresponsable por parte del Congreso incluir esta figura en la Constitución local", precisó.
"Porque si se incorporan figuras que son inconstitucionales se estaría obstaculizando y retrasando la puesta en marcha del Sistema Estatal Anticorrupción", agregó.
En ese sentido, Estrada Flores comentó que la mayoría de los legisladores aprobaron no incorporar esta figura para no retrasar la puesta en marcha del sistema anticorrupción, tal como lo han solicitado el IMCO, Transparencia Mexicana, Coparmex y el propio Senado.