Reyes Flores Hurtado, abogado y activista Coahuilense, inició una huelga de hambre afuera de las instalaciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la Ciudad de México, exigiendo la nulidad de la elección de Gobernador de Coahuila.
“La protesta que hoy inicio a las afueras del Tribunal Federal Electoral no tiene por efecto defender la derrota o victoria de nadie, sino de defender libremente el derecho ciudadano de decidir libremente quien quiere que lo gobierne”, expresó en un video circulado a través de redes sociales.
“El fraude electoral cometido en los pasados comicios en Coahuila y en el Estado de México, representan dos heridas graves a la democracia en México que aún sangran y se infectan, si no se limpia hasta sanar estaremos poniendo en riesgo la democracia en todo Médico en vísperas de un proceso electoral en el que habrá de renovarse la Presidencia de la República y el Congreso de la Unión”, agregó.
En este sentido hizo un llamado al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a que esté a la altura de las circunstancias, pues considera que la nulidad de la elección de Gobernador de Coahuila se deriva del dictamen del Instituto Nacional Electoral (INE) por el que se determina el rebase de topes de gastos de campañas de Miguel Ángel Riquelme Solís por más del 5 %.
Asegurando que este rebase es causa expresa de la nulidad de la elección, por lo que urgió a que resuelvan a la brevedad ya sea ratificando “una infamia del tamaño del fraude electoral cometido en Coahuila” o erigiéndose como los garantes de la democracia y la legalidad en México.
En su posicionamiento de declaración de huelga de hambre, Flores Hurtado, expuso que el Tribunal Electoral Federal ha evitado que la elección de Coahuila sea anulada y ha limitado las facultades de fiscalización del INE, con lo que ha dado “pretexto” a los gobiernos para manipular el reparto de programas sociales en pleno proceso electoral.
Así también señaló que el Gobierno del Estado favoreció a Riquelme Solís con un “ofensivo” desvío de recursos públicos para “manipular el voto popular”, lo que dijo fue estrategia de PRI para mantener el poder y consolidar su impunidad.
Con esta protesta, El abogado además exige que el INE emita un acuerdo en el que se determinen limites concretos a la operación de programas sociales a cualquier nivel de Gobierno durante el proceso electoral en desarrollo.
“En el que se exija la transparencia plena de las reglas de operación y se ordene se hagan públicas las listas de beneficiarios, con la intención de evitar que los Gobiernos manipulen el voto ciudadano con entrega de beneficios con sesgo partidista”.
Y que el Senado de la República integre una Comisión plural que dé seguimiento a los Delitos Electorales cometidos en las pasadas elecciones en Coahuila, Estado de México, Veracruz y Nayarit, a fin de evitar que quede impune el desvío de recursos públicos realizado para favorecer a cualquier candidato.