Con hasta cinco años de prisión, es la iniciativa impulsada por la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Laura Angélica Rojas Hernández, y la presidenta de la Comisión de Justicia, Pilar Ortega Martínez, para todas aquellas personas que cometan un delito en contra del personal del sector salud, y para agravar las penalidades por discriminación hacia médicos y enfermeras.
La búsqueda de la seguridad para los soldados que combaten día a día en la guerra contra el coronavirus, es lo que se busca para todas aquellas que por vocación arriesgan su integridad física e incluso su propia vida por atender la emergencia sanitaria causada por la propagación del coronavirus.
Las diputadas destacaron que la reforma es significativa, pues las condiciones generales de la contingencia sanitaria hacen posible que en contra del personal médico y de enfermería puedan cometerse desde delitos patrimoniales (robo en sus distintas modalidades) hasta aquellos que atenten contra su integridad y su vida (lesiones, amenazas, entre otros).
En estos tiempos de aislamiento, se tiene registro que la discriminación se ha extendido a 22 entidades: encabezada por la Ciudad de México, con 22 quejas, le sigue el estado de México con 12.
Por su parte Guanajuato cuenta con cuatro inconformidades hacia los profesionales de salud, al igual que Nuevo León. En el listado le siguen Jalisco y Puebla con tres, los estados de Aguascalientes, Querétaro, Morelos, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz, registran dos, en tanto que Baja California Sur, Campeche, Colima, Coahuila, Durango, Michoacán, Oaxaca, San Luis Potosí, Sonora y Sinaloa, tienen una queja.
El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), ha hecho llamados a evitar actos de violencia y discriminación durante la emergencia sanitaria hacia personal médico y de enfermería. También ha solicitado a las autoridades de seguridad y justicia garantizar la seguridad e integridad de dicho personal, así como de las personas diagnosticadas con covid-19.
La propuesta de adición en el artículo 149 Ter del Código Penal Federal tiene la finalidad de establecer que cuando las conductas de discriminación sean cometidas en contra de personal del sector salud durante el tiempo que corresponda a una emergencia sanitaria declarada en términos de la Ley, la pena que corresponda se incrementará hasta en una tercera parte.