SCJN resolverá el 15 de julio controversia de Jaime Rodríguez contra el Congreso para impedir sanción

Con este recurso, el gobernador del Estado reclama que el Congreso local no cuenta con facultades para sancionarlo.

SCJN resolverá el 15 de julio controversia de Jaime Rodríguez contra el Congreso para impedir sanción
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MONTERREY.- Será el 15 de Julio cuando la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resuelva la controversia constitucional promovida por el Gobernador Jaime Rodríguez contra el Congreso del Estado, que busca destituirlo e inhabilitarlo por el desvío de recursos para reunir firmas en su campaña a la Presidencia en el 2018

Esta  fecha fue  publicada en la lista de asuntos  del día donde se señala lo siguiente:

El dictamen aprobado por el Pleno del Congreso del Estado, en fecha 23 de septiembre de 2019, denominado "Reglas Procesales para aplicarse dentro del expediente 11841/LXXIV en cumplimiento de la sentencia SER-PSC-153/2018, emitida por la Sala Regional Especializada del Poder Judicial de la Federación".

Con este recurso, Rodríguez Calderón reclama que el Congreso local no cuenta con facultades para sancionarlo.

Cabe mencionar que la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder de Justicia de la Federación ordenó imponer una sanción al mandatario estatal y al secretario general de Gobierno, Manuel González Flores, al ratificar la sentencia emitida como válida, pero hasta el momento los diputados locales han fracasado en ese intento.

 

El año pasado, pese a tener como fecha límite el 20 de diciembre, los legisladores no concretaron la sanción contra ambos funcionarios bajo el argumento de que debían esperar la resolución de la Suprema Corte.

Ante este desacato, al Tribunal Electoral fijó como nueva fecha el 24 de abril de este año, pero se incumplió nuevamente a causa de la pandemia del Covid-19.

En semanas recientes, se aprobó en comisiones una multa económica para el gobernador y el secretario general de gobierno, pero no reunió los votos necesarios para ser aprobada en el pleno.

Finalmente, se planteó un nuevo dictamen para destituir e inhabilitar por 6 años a ambos funcionarios, pero por falta de quórum, la Comisión Anticorrupción no pudo sesionar para tal efecto.

 

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