La Universidad de Guanajuato actúa con puntual apego al orden jurídico y respeto irrestricto al Estado de Derecho, al margen de especulaciones, distorsiones o pretensiones de diversa índole ajenas a los fines universitarios, afirmó el abogado general de la casa de estudios Mauricio Alejandro Murillo de la Rosa.
Mediante un comunicado difundido ayer para puntualizar las versiones periodísticas relativas a los bienes de la sucesión de la señora Carmen Beckmann Macías, ubicados en el municipio de San Miguel de Allende, los cuales fueron adjudicados a la Universidad de Guanajuato de conformidad con lo señalado por los ordenamientos jurídicos aplicables.
Particularmente, se hace referencia al inmueble ubicado en la calle Hernández Macías #105, Zona Centro. Al respecto se precisó que la señora Beckmann Macías falleció el 14 de octubre de 2014 sin haber expedido un testamento, por lo que mediante la celebración de un contrato, se acordó que los bienes de la sucesión de la señora Carmen Beckmann, se pondrían en posesión de la Universidad de Guanajuato, con excepción del inmueble referido el cual, se argumentó, fue objeto de una donación en el año de 1994.
Se refirió que en el mes de febrero del año 2015, se iniciaron los trámites del juicio sucesorio respectivo de conformidad con lo estipulado en las leyes de la materia, y el 9 de septiembre de 2015, se recibió el emplazamiento de un juicio ordinario civil en materia de prescripción positiva.
Cabe recordar que no fue sino hasta el 27 de septiembre de 2015, cuando Luis Felipe Guerrero Agripino asumió la Rectoría General de la Universidad.
“En este periodo rectoral, se instruyó a esta Oficina (del Abogado General) agotar todos los recursos legales a fin de que dicho inmueble se incluyera en la masa hereditaria. Así lo hicimos, pero finalmente la autoridad judicial resolvió que la prescripción positiva se había consumado”, se explicó.
El apoderado legal de la máxima casa de estudios puntualizó que “dentro de los plazos señalados por las leyes correspondientes, se interpuso el recurso de apelación y se confirmó la resolución judicial antes referida. Ante ello, interpusimos un amparo, el cual fue negado”.
“Aunado a lo anterior, el 19 de octubre de 2016, se dio vista al Órgano Interno de Control de la Universidad para iniciar investigación”, recalcó.