Seguridad en manos de militares es un riesgo para las mujeres

Los militares que están a cargo de la seguridad pública violan los derechos humanos de las mujeres, por esa razón las autoridades civiles deben estar capacitadas para encargarse de estas tareas. Esta es una de las premisas que llevó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) a emitir cinco sentencias condenatorias contra el Estado mexicano. La última de estas resoluciones se conoció apenas en diciembre de 2018 y fue por la desaparición forzada de Nitza Paola, Rocío Irene y José Ángel, todos de apellido Alvarado, caso ocurrido en diciembre de 2009 en el ejido Benito Juárez, en el contexto del Operativo Conjunto Chihuahua. En esta sentencia, la Corte destacó que si bien los estados pueden “desplegar a las fuerzas armadas para desempeñar tareas ajenas a las relacionadas con conflictos armados, su actuación debe limitarse al máximo, dado que el entrenamiento que reciben los militares está dirigido a derrotar al enemigo y no a la protección o control de civiles, tarea correspondiente a los entes policiacos”. El tribunal advierte que la intervención de militares aumenta las violaciones a derechos humanos. En este contexto las mujeres pueden ser víctimas de violación sexual, sobre todo cuando se militarizan tierras indígenas.Dos casos emblemáticos son los de Valentina Rosendo e Inés Fernández, indígenas del pueblo me’phaa, que en 2002 sobrevivieron a violaciones sexuales cometidas por integrantes del Ejército mexicano en Guerrero, ambos expedientes fueron resueltos por la Corte Interamericana en 2010.En ambas sentencias la Corte sostuvo que la violación sexual constituía una tortura y fijó un precedente importante para el abordaje de estos casos. Según el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, organización que litigó los casos, la recurrencia de la tortura sexual en mujeres detenidas por elementos castrenses es hasta cuatro veces mayor que en hombres. Los militares violan los derechos de las mujeres aunque los datos sobre el número de casos no sean precisos. Por ejemplo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió 204 recomendaciones entre 2006 a 2017 por crímenes de tortura, desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales en las que se reconoce responsables a las fuerzas armadas en 68 por ciento, pero no específica en cuántos hubo víctimas mujeres.Aun así las fuerzas armadas vienen ganando terreno en la participación de tareas policiacas desde los años 60. Una muestra son las sentencias de la CoIDH por la desaparición forzada del líder social Rosendo Radilla Pacheco en 1975 (detenido ilegalmente en Guerrero por militares sin que hasta ahora se sepa su paradero); y los campesinos ecologistas Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel también detenidos y torturados por militares en 1999.Desde entonces, la Corte señaló que las fuerzas militares implican un riesgo para los derechos humanos e insistió en reformar el Código de Justicia Militar para extraer de la competencia castrense todos los casos de violaciones las garantías individuales por militares. La Guardia Nacional todavía a discusión, por implicar reformas a 13 de artículos de la Constitución y crear tres leyes secundarias para su operación, necesita el aval del Senado y después de los Congresos estatales. Hasta ahora la propuesta de la Guardia Nacional de Andrés Manuel López Obrador ignora las recomendaciones que la Corte Interamericana emitió de limitar la participación de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública, tras el incremento de la violencia y las violaciones a derechos humanos atribuidas a elementos castrenses.Pese a sus promesas en la campaña presidencial de retirar al Ejército mexicano de las calles, en el proceso de transición para recibir el poder, López Obrador ventiló sus planes de crear una Guardia Nacional, un cuerpo conformado por militares, navales y policías federales, para atender la inseguridad, narcotráfico y violencia en México.Las influencias de López Obrador sobre los militantes de su partido, el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), quienes además ocupan la mayoría de escaños en ambas cámaras del Congreso, han permitido que la reforma constitucional avance sin que la oposición del Partido Acción Nacional –quien apoyó a Felipe Calderón en su guerra contra el narcotráfico– alcance profundos cambios en la propuesta.Morena además encontró un aliado para que la propuesta avance, el Partido Revolucionario Institucional, que planteó una idea similar en la Ley de Seguridad Interior, aprobada en 2017, pero fracasó porque en 2018 la Suprema Corte de Justicia de la Nación la declaró inconstitucional, al considerar que otorgaba atribuciones a las fuerzas armadas que le corresponden a las instituciones civiles.