Una de las productoras de leche más emblemáticas de la ciudad, Sello Rojo, está en peligro de extinción. Con más de 58 años en el mercado, la empresa tapatía atraviesa una crisis que pone en riesgo su permanencia: hace más de dos meses el Juez Séptimo Mercantil del estado dictó medidas cautelares en contra de seis integrantes del consejo administrativo de este negocio familiar que surte al 8% de los consumidores de leche en el país.
En conferencia de prensa, el representante legal de los afectados, Patricio Fernández Cortina, denunció el secuestro de la empresa por parte de dos de 10 accionistas que tiene la firma: los hermanos Rubén e Hilda Masayi González, quienes, dijo, solicitaron al magistrado las medidas que les impiden, desde entonces, entrar al inmueble de la empresa, tomar o impedir decisiones, hablar con los más de 5 mil empleados que tienen en 17 estados del país y conocer la situación actual y el rumbo de la compañía.
Pero el motivo de alzar la voz, dijo el licenciado, no es ventilar los conflictos familiares o de los accionistas de Sello Rojo, sino exigir y alertar sobre el alto grado de corrupción que se ejerce en Jalisco desde el Supremo Tribunal de Justicia del estado de Jalisco que dijo, está catalogado como el que brinda el peor servicio en toda la república mexicana.
Además, insistió, es una señal de alerta para todos los pequeños, medianos o grandes empresarios del estado y los posibles inversionistas.
“El año pasado se generó un problema en ciertos litigios relacionados con medidas cautelares en donde los jueces, sin ninguna atribución legal, sin ninguna justificación legal, estaban concediendo medidas cautelares a grupos minoritarios de accionistas, con el único propósito de entregarle la empresa a estos”, contó.
“Hoy, con mucha preocupación vemos que a pesar de lo que ha señalado el gobernador del estado (Enrique Alfaro), en el sentido de que se están realizando investigaciones a jueces, despachos de abogados y empresarios que han estado haciendo uso de estas medidas. No obstante las declaraciones que hizo el presidente del Tribunal y del Consejo de la Judicatura, Ricardo Suro, de que a partir del año pasado cualquier juez que recibiera una solicitud de una medida cautelar de esta naturaleza tenía que informar al consejo, en este caso, el Juez Séptimo de lo Mercantil, seguramente, no informó al consejo por ser un tema de corrupción judicial evidente y si sí informó al consejo pues estamos en una situación peor todavía y mucho más lamentable porque querría decir que el Poder Judicial de Jalisco está tolerando estas medidas”, dijo.
Fernández Cortina dijo que es un tema que se está llevando en tribunales y que ellos como familia tendrán que ponerse de acuerdo pronto, por el bien de la empresa, de los empleados y de Jalisco: “El tema es poner ante ustedes una realidad patente y lamentable: Jalisco tiene un poder judicial absolutamente corrompido".
Rubén Masayi González Uyeda, actual dirigente del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ) y su hermana Hilda, alegaron en sus medidas que hubo una serie de acciones y de actos por parte del consejo de administración, que ellos no estaban de acuerdo y que, por lo tanto, les tenían que entregar la empresa.
El abogado explicó que, al emitir dichas medidas, el juez cometió las siguientes violaciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial. Recalcó que la ley las considera como graves y con eso tendría que ser suficiente para que el juez sea removido de su cargo: “Notoria ineptitud. Un juez que otorga una resolución así no es apto para ser juez. Impidió que las partes ejercieran sus derechos procesales. Los cuatro hermanos, respecto de los cuales concedieron las medidas y también a los tíos que son accionistas y a quienes tampoco convocaron a las asambleas, no les han permitido ejercer sus derechos, cuando la ley dice que si no hay demanda de por medio no se puede modificar una situación en una sociedad, el juez lo hizo. No puso al conocimiento del consejo de la judicatura, que le habían pedido estas medidas”.
Las medidas cautelares fueron ingresadas el 24 de junio y el 26 ya estaban dictadas y el 29 del mismo mes, a las 6:00 am irrumpieron en las instalaciones de la empresa para ejercerlas en contra de Alfredo Shiguery González Uyeda, Roberto Eiji González Uyeda, Aida Araceli Tomie González Uyeda, Sergio Akira González Uyeda, Josefina Rodríguez y José Luis González Sánchez. Actualmente las medidas cautelares están impugnadas.
Los accionistas afectados esperan que se haga justicia porque, dicen, lo que hizo el juez es un acto evidente de corrupción. Esperan también que los demás empresarios de Jalisco se unan al reclamo ya que, puede afectar a cualquiera este tipo de prácticas.
Rubén Masayi González Uyeda, en su carácter de Coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ) o su hermano Abraham ex subsecretario de Gobernación, formaban parte del consejo de administración también. Era un consejo de administración colegiado, en donde todos los hermanos tienen participación.
Medidas cautelares
En el documento quedó asentado que se suspende provisionalmente el ejercicio de las facultades de Alfredo, Roberto, Aida y Sergio González Uyeda como miembros de la administración. Se prohíbe a ellos cuatro ostentarse de cualquier forma y ante cualquier persona como apoderados de la empresa. Se les quitan sus derechos corporativos en la empresa, se les quita su derecho a votar en las asambleas. Se designa como administrador general único a Ruben Masayi. Se prohíbe a los cuatro accionistas representarse como funcionarios, ante cualquier autoridad como funcionarios. Se les exige que entreguen todos los documentos y cuentas y papeles que tenían con motivo de su cargo de consejeros. Se les prohíbe hacer convocatorias, se les prohíbe entrar físicamente a la empresa. Les impiden tener comunicación verbal con los empleados.