JALISCO.- La legisladora priista Sylvana Beltrones solicitó a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) que informe el Senado de la República los motivos y razones para decretar el cierre definitivo del Centro Federal de Readaptación Social número 2 de Puente Grande, Jalisco.
Instó a la dependencia explicar las condiciones en que los internos fueron trasladados a otras cárceles, así como la reubicación de los trabajadores en otros centros penitenciarios.
Beltrones detalló que el Cefereso número 2 “Occidente”, ubicado en El Salto, Jalisco, tenía una población de 376 internos y se encontraba a 36 por ciento de su capacidad.
“El penal tenía espacio para albergar a mil 40 internos, por lo que al contar con una población de 376, tenía 664 espacios disponibles, lo que representaba el 63 por ciento de disponibilidad y, por lo tanto, no tenía sobrepoblación”, subrayó.
Del total de internos en Puente Grande, 215 procesados y 121 sentenciados correspondían al fuero federal, mientras otras 28 personas estaban procesadas y 12 sentenciadas por delitos del fuero común.
La senadora sonorense precisó que el pasado 28 de septiembre, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el entonces secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, desincorporó del Sistema Penitenciario Federal al mencionado Cefereso.
Se estableció que la Comisión de Prevención y Readaptación Social realizaría las acciones tendientes al cierre del penal y los presos serían trasladados a otros centros de reclusión, bajo el compromiso de respetar en todo momento sus derechos humanos.
Sin embargo, familiares de los internos se quejaron de que las autoridades no les informaron las razones del cierre del penal y tampoco sabían a dónde trasladarían a sus familiares, como también los trabajadores desconocían su situación laboral.
“Con esa actitud, las autoridades competentes violaron la legislación vigente y los acuerdos internacionales en la materia suscritos por el gobierno de México, donde se establece el reconocimiento y protección de los derechos humanos de los presos”, acusó Sylvana Beltrones.
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