Un juez federal dictó sentencias de hasta 52 años de prisión contra ocho ex policías de Vista Hermosa, Michoacán, que colaboraban con el Cártel Jalisco Nueva Generación y que en 2013 participaron en el secuestro de dos elementos de la Agencia de Investigación Criminal, de la Procuraduría General de la República, de quienes hasta la fecha se desconoce su paradero.
Derivado de la declaración de los ex uniformados se localizó en el municipio de La Barca, Jalisco, 35 fosas clandestinas donde se encontraron los restos y osamentas de 67 personas, entre los cuales hay dos militares que realizaban tareas de inteligencia, así como de tres civiles originarios de Sonora; el resto eran presuntos delincuentes.
Sin embargo, hasta la fecha, la PGR no ha encontrado los restos de sus agentes, René Rojas Márquez y Gabriel Quijados Santiago, levantados el 3 de noviembre de 2013, en Vista Hermosa.
Ahora, un juez federal encontró a los ex policías culpables de los delitos de delincuencia organizada, en la modalidad de cometer delito contra la salud (venta de narcóticos) y secuestro; portación de arma de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas; privación Ilegal de la libertad, en su modalidad de secuestro; así como robo calificado de vehículo.
José Alfredo Jiménez Nápoles, Rafael García López, Samuel Pérez Martínez, Jorge Armando Zendejas Solorio y Moisés Márquez González recibieron una pena de 52 años seis meses de prisión y seis mil 625 días multa, equivalentes a 406 mil 642 pesos 50 centavos.
Mientras que José de Jesús Briseño Estrada fue sentenciado a 33 años de prisión y 800 días multa, equivalentes a 49 mil 104 pesos; en tanto que Ramón Mora Cárdenas o Ramón Alberto Mora Cárdenas y Josué López Guzmán, fueron condenados a 15 años de prisión y 375 días multa, equivalentes a 23 mil 017 pesos 50 centavos.
De acuerdo con las investigaciones de la PGR los ex policías realizaban funciones de vigilar el movimiento de militares, policías estatales y policías investigadores en los estados de Michoacán y Jalisco.
Los sentenciados quedaron además inhabilitados para desempeñar cualquier empleo, cargo o comisión pública por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta.
La PGR tenía indicios de que el Cártel de Jalisco Nueva Generación estaba detrás de los homicidios en La Barca, debido a que la mayor parte de los asesinados eran integrantes de la agrupación delictiva denominada Los Caballeros Templarios, por los tatuajes que presentaban en sus cuerpos, particularmente la imagen de una cruz que los distinguía de otros grupos.
A partir del hallazgo de los cadáveres, la dependencia federal pudo conformar un banco genético con más de 400 muestras aportadas por personas que buscan a sus familiares entre las víctimas.
Las muestras genéticas se tomaron en Michoacán, Nuevo León y Jalisco, donde la institución instaló mesas para ofrecer apoyo a las personas que buscan a familiares desaparecidos.