MÉXICO.- Felipe de Jesús Muñoz, titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Electorales, de la Procuraduría General de la República, dijo que los criterios que emiten algunos jueces federales están generando “impunidad”.
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En una reunión donde explicó los avances y pendientes que hay en el caso de Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz, y de otros ex funcionarios de su administración, el funcionario federal mencionó que los jueces tienen criterios distintos sobre la forma en que el Ministerio Público Federal puede solicitar información financiera de las personas que investiga.
“Las que he solicitado al juez de control, solicitar información financiera, y algunos jueces me dicen tú tienes facultades para hacerlo. ¿Sí me entiende? Algunos jueces me dicen sigues teniendo otros me dicen no tienes, otros me dicen como ya la solicitaste, no lo hiciste a través del juez de control, en algunos casos ni existía el juez de control, entonces como que andamos hechos bolas”, expresó.
Y agregó: “Saca un criterio (la Suprema Corte de Justicia de la Nación), en el sentido de que toda información financiera que se solicite tiene que ser por control judicial; muy de acuerdo, pues adelante, nuestra magnánima Corte tiene esos y otros criterios.
“Pero yo pensaría que esos criterios tienen que ser de ese momento hacia adelante, hacia el futuro, pero esos criterios no los han hecho valer de manera retroactiva hacia atrás. Si yo en aquel entonces hubiera sido clarividente y hubiera dicho la Corte va a solicitar ese criterio y hubiera solicitado algún juez, de procesos, de medidas cautelares y hubiera dicho autorízame solicitar la información a la Comisión Nacional Bancaria, qué me hubiera contestado el juez: tú tienes facultades, tú Ministerio Público la ley te faculta para solicitarla directamente…pues no han hecho valer ese criterio retroactivamente, como no lo solicitaste por juez de control, prueba ilícita. Maravilloso, a mi me parece que eso es impunidad…eso es impunidad”.
En los últimos meses, la Procuraduría General de la República ha sufrido reveses porque la Suprema Corte ha otorgado amparos a personas que se encuentran bajo investigación, quienes alegaron que la información o aseguramiento de cuentas bancarias se realizó sin orden judicial.
En octubre de 2017, la Primera Sala de la Corte declaró inconstitucional el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito que permitía a la Secretaría de Hacienda congelar de forma inmediata las operaciones y servicios de personas físicas y morales que la institución presume están involucradas en delitos de lavado de dinero, a las que también incorporaba a la Lista de Personas Bloqueadas.
La Sala determinó que dicho artículo, además de violar los principios de inocencia y garantía de audiencia, se extralimitaba, porque es facultad del Ministerio Público de la Federación investigar los casos que son detectados por las autoridades hacendarias.
Asimismo, en abril del presente año, el Pleno de la Corte resolvió que la gente que sea incluida en la lista de personas bloqueadas por orden de la Unidad de Inteligencia Financiera solo pueden recurrir al amparo ante jueces administrativos y no en materia penal.
ZNR