Autoridades federales y estatales detuvieron a 300 personas por prestar servicio de transporte con autos particulares por medio de plataformas digitales, pero la Fiscalía General del Estado de Durango los eximió de culpa al considerar que no hay un delito que perseguir, denunció la diputada local, Gina Campuzano.
La diputada por el Partido Acción Nacional indicó que los operativos que se realizan por parte de la Subsecretaría de Transporte y Movilidad Urbana y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) quedan desactivados en el momento que los ministerios públicos toman el caso.
Dijo desconocer si el Fiscal en el estado, Ramón Guzmán Benavente, se encuentra al tanto de esta situación que causa desconfianza entre los ciudadanos por la nula respuesta hacia quienes infringen la Ley.
Detalló que la empresa Mi Jaime trabaja con vehículos con placas de Tamaulipas o de Coahuila, lo que la diputada considera peligroso, incluso luego de que se llevó a cabo una campaña para que la ciudadanía no utilice taxis pirata.
Campuzano señaló además que son pocos los datos que se conocen de Antonio Mier, quien opera esta empresa, por lo que pidió a la Fiscalía General del Estado de Durango que se conduzca conforme a la norma, ya que el Artículo 360 de la Ley de Tránsito establece que sí hay un delito que perseguir en este caso.
“Las decisiones que se han tomado por parte de los ministerios públicos quedan en nada. Y no solamente a la Subsecretaría de Transportes y Movilidad Urbana, sino que quedan invalidados los aseguramientos hechos por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes”, puntualizó.
Finalmente, dijo que se desconoce la procedencia de los choferes, por lo que pidió a los ciudadanos no emplear este tipo de unidades.