MÉXICO.- El legislador federal Waldo Fernández González propuso adicionar el artículo 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión para potenciar el mecanismo de Alerta Amber en beneficio de los niños y adolescentes del país.
Precisó que ello debe ser a través de la obligatoriedad para todas las empresas concesionarias y autorizadas de telefonía móvil, incluyendo operadores móviles virtuales, de enviar mensajes cuando se activa la alerta.
El legislador perredista señaló que través de la Alerta Amber, la sociedad se vuelve partícipe de la solución y se involucra para localizar al menor desaparecido, por lo que es necesario reforzar el sistema con mecanismos que permitan que más personas tengan conocimiento de su emisión.
Explicó que uno de los éxitos del programa se debe a la difusión del mismo, en coordinación con la telefónica AT&T, a través del envío estratégico de mensajes de texto a su base de usuarios, cuando se emite una alerta.
Hasta ahora, según datos de la compañía, en siete de cada 10 alertas en las que ha participado la comunidad de la telefonía celular han sido encontradas y entregadas a sus familiares las personas extraviadas, y con la participación del resto de las empresas en este esfuerzo, los resultados serán todavía mejores.
“De esta manera, los más de 109 millones de suscriptores de servicio de telefonía que existen en México serían coadyuvantes en la operación de la Alerta Amber, incrementando de manera exponencial las posibilidades de éxito de esta herramienta en beneficio de la sociedad”, dijo el también presidente de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional.
Agregó que concretar el proyecto tendría un bajo costo para las empresas concesionarias y autorizadas, pero un valor incalculable para los padres, hermanos, abuelos y familias completas que tendrán más posibilidades de recuperar a su ser querido.
De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Extraviadas, en los últimos 10 años más de 25 mil niños y adolescentes han sido reportados como desaparecidos. Tan sólo en 2015 se reportaron seis mil 342 casos relacionados a delitos del fuero común y 193 relativos al fuero federal.