CIUDAD DE MÉXICO.- El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) perfila a declarar inconstitucional la prohibición absoluta de la interrupción del embarazo en su etapa inicial y por reconocer que las mujeres tienen derecho a decidir sobre este tema.
De aprobarse esta propuesta tendría efectos generales en todo el país, por lo que no será penalizado.
Ocho ministros se pronunciaron por invalidar el artículo 196 del Código Penal de Coahuila que sanciona el aborto en la etapa inicial con uno a tres años de prisión sin importar las causas.
Arturo Zaldívar, ministro presidente de la Corte, afirmó: “Todos estamos a favor de la vida. Lo único que sucede es que algunos estamos a favor de que la vida de las mujeres sea una vida donde se respete su dignidad, en la que puedan ejercer con plenitud sus derechos, en la que estén exentas de violencia y puedan autodeterminar su destino”.
Debido a la reforma judicial y por tratarse de una acción de inconstitucionalidad que requiere ocho votos, la sentencia tendrá efectos generales en todos los estados, acabando con la prohibición absoluta de la interrupción del embarazo en su etapa inicial.
Pronunciamientos
El ministro Luis María Aguilar Morales dijo que su propuesta se centra en una narrativa jurídica propia del contexto actual, que responde a los cambios y la dinámica de la sociedad mexicana y que tiene sus bases generales en los principios fundamentales que definen al Estado mexicano, como son democracia, laicidad, pluralidad y la propia vocación social de la Constitución.
Indicó que el proyecto se funda en el derecho a decidir, entendido por la libertad que le permite a la mujer elegir quién quiere ser en relación con la posibilidad de procrear, considerando que en la maternidad subyace la noción de voluntad y del deseo de que la vida personal atraviese por tal faceta.
“Este derecho reconoce a la mujer y a las personas con capacidad de gestar como las únicas personas titulares de su plan de vida a partir de su individualidad e identidad propia, lo que constituye la obligación estatal de brindarle un ámbito de protección y no el de una sanción”, expresó.
La ministra Yasmín Esquivel Mossa dijo que la sociedad algunas veces limita a la mujer respecto a la información sobre la salud sexual y reproductiva, y en algunos casos las estigmatiza.
“¿Cuántos actores indirectos existen en un aborto que quedan fuera del código penal y la única responsable social y penalmente es la mujer?”, preguntó.
Zaldívar llamó a “superar el falso del debate entre quienes están a favor de la vida y quienes no estamos a favor de la vida”.
Por su parte, el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá pidió eliminar algunos términos utilizados en el proyecto, como “personas gestantes”.
Al respecto, el ministro Javier Laynez Potisek enfatizó que criminalizar a la mujer supone una violación a sus derechos fundamentales, “sobre todo en un país donde impera la desigualdad, desigualdad en información, desigualdad en educación, desigualdad en atención de los servicios médicos y sociales”.
El ministro Alberto Pérez Dayán declaró que el Estado debe tener un deber de asistencia para quienes optan por la maternidad, así como quienes deciden interrumpir su embarazo, y con ello asegurar que las mujeres tengan acceso a una vida digna, a oportunidades, proyectos, servicios de salud y prerrogativas que les permitan el derecho al libre desarrollo de la personalidad.
En tanto, el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena pidió que se establezca un plazo concreto que defina el tema del aborto voluntario, como lo han hecho otras naciones, como Argentina al establecer 14 semanas o Suecia con 18.
La ministra Norma Piña Hernández elogió el proyecto de Aguilar Morales, porque dijo plantea por primera vez despenalizar la prohibición absoluta de la interrupción del embarazo.
Comentó que las mujeres han sido privadas de derechos y obligarlas a llevar a término un embarazo no deseado afecta sus garantías individuales.
Indicó que se debe reconocer el carácter laico del Estado, porque no todos comparten las mismas creencias.
También puntualizó que el Estado garantice las condiciones para la interrupción del embarazo en su etapa inicial.
La sesión se reanudará hoy y los ministros José Fernando Franco González Salas, Margarita Ríos Farjat y Jorge Mario Pardo Rebolledo podrán exponer sus argumentos sobre el tema, ya que son los únicos que no pudieron participar en la sesión de este lunes.
Reacciones
Cuando se llevaba a cabo la sesión en la SCJN, a través de internet feministas llamaron a la Corte a respetar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, mientras que las afueras de la institución grupos religiosos exigieron reconocer la vida humana desde su concepción y prohibir el aborto.
Por medio del hashtag #CorteAbortoSi, las activistas puntualizaron que la decisión de la Corte sentará un precedente de no criminalización de la interrupción del embarazo.
“Hoy estamos al pendiente del debate en la SCJN. El aborto podría salir del Código Penal de Coahuila y marcar un precedente para otros estados”, precisó el grupo Fondo María.
A las afueras del recinto, manifestantes con pañuelos, imágenes religiosas y rosarios, pidieron a los ministros no avalar ninguna acción que declare inconstitucional las legislaciones estatales que prohíben el aborto.
"Estamos exhortando a que rechacen estos dictámenes, esos proyectos que están planteando, que no tienen ni pies ni cabeza. Confiamos en que estos ministros van a defender la vida", declaró Leticia Gonzalez-Luna, presidenta de Voz Publica A C.
“No es justo que la Suprema Corte empiece a legislar porque esto presiona de cierta manera a otras legislaciones a que también imiten estos casos”, opinó Jorge Vera, integrante del movimiento 40 Días por la Vida.
mvls