MÉXICO.- De los seis policías investigados por filtrar las fotografías y el testimonio del probable responsable del feminicidio de Ingrid Escamilla, en febrero pasado en la alcaldía Gustavo A. Madero, la Secretaría de Seguridad Ciudadana únicamente solicitó la “suspensión temporal” de uno de los elementos que “presuntamente llevó a cabo la grabación del video”.
Así lo informó el asesor del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, Arturo Jaimes Núñez, quien aclaró que por el momento no existen pruebas para determinar si algún policía filtró las fotografías del cuerpo de Ingrid.
No obstante, resaltó que será la Fiscalía General de Justicia capitalina, en su área de Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos, la que deberá resolver de manera autónoma si se cometió un delito y quién participó. De acuerdo con un oficio enviado al Congreso de la Ciudad de México, con fecha 10 de marzo y del cual MILENIO tiene copia, la suspensión del policía fue de carácter preventivo.
El documento puntualiza que la baja fue otorgada por la Comisión de Honor y Justicia de la dependencia y notificada “al elemento en presencia de su superior jerárquico”.
“Con base en los resultados de las actuaciones practicadas en dicho expediente y con el propósito de garantizar el desarrollo de las investigación, la Dirección de Asuntos Internos solicitó a la Comisión de Honor y Justicia de esta dependencia la suspensión temporal de carácter preventivo de un integrante que presuntamente llevó a cabo la grabación del video”, enfatiza.
Respecto a la divulgación de las fotografías del cuerpo de la víctima, advirtió que no hay indicio alguno de que policías hayan sido los responsables. La fiscal capitalina, Ernestina Godoy, presentó en febrero pasado una iniciativa al Congreso local para crear el artículo 293 Quater en el Código Penal para sancionar a servidores públicos que filtren imágenes de las víctimas. Esta propuesta refiere que se debe sancionar hasta con 16 años de cárcel a policías adscritos a la SSC y la FGJ que cometan este ilícito.
También se les impondrá una multa de más de 43 mil pesos a quien indebidamente difunda, entregue, revele, publique, transmita, exponga, remita, distribuya, videograbe o fotografíe audios, videos o documentos del lugar de los hechos, indicios, evidencias u objetos relacionados con algún caso.
mmr
MÉXICO.- De los seis policías investigados por filtrar las fotografías y el testimonio del probable responsable del feminicidio de Ingrid Escamilla, en febrero pasado en la alcaldía Gustavo A. Madero, la Secretaría de Seguridad Ciudadana únicamente solicitó la “suspensión temporal” de uno de los elementos que “presuntamente llevó a cabo la grabación del video”.
Así lo informó el asesor del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, Arturo Jaimes Núñez, quien aclaró que por el momento no existen pruebas para determinar si algún policía filtró las fotografías del cuerpo de Ingrid.
No obstante, resaltó que será la Fiscalía General de Justicia capitalina, en su área de Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos, la que deberá resolver de manera autónoma si se cometió un delito y quién participó. De acuerdo con un oficio enviado al Congreso de la Ciudad de México, con fecha 10 de marzo y del cual MILENIO tiene copia, la suspensión del policía fue de carácter preventivo.
El documento puntualiza que la baja fue otorgada por la Comisión de Honor y Justicia de la dependencia y notificada “al elemento en presencia de su superior jerárquico”.
“Con base en los resultados de las actuaciones practicadas en dicho expediente y con el propósito de garantizar el desarrollo de las investigación, la Dirección de Asuntos Internos solicitó a la Comisión de Honor y Justicia de esta dependencia la suspensión temporal de carácter preventivo de un integrante que presuntamente llevó a cabo la grabación del video”, enfatiza.
Respecto a la divulgación de las fotografías del cuerpo de la víctima, advirtió que no hay indicio alguno de que policías hayan sido los responsables. La fiscal capitalina, Ernestina Godoy, presentó en febrero pasado una iniciativa al Congreso local para crear el artículo 293 Quater en el Código Penal para sancionar a servidores públicos que filtren imágenes de las víctimas. Esta propuesta refiere que se debe sancionar hasta con 16 años de cárcel a policías adscritos a la SSC y la FGJ que cometan este ilícito.
También se les impondrá una multa de más de 43 mil pesos a quien indebidamente difunda, entregue, revele, publique, transmita, exponga, remita, distribuya, videograbe o fotografíe audios, videos o documentos del lugar de los hechos, indicios, evidencias u objetos relacionados con algún caso.
mmr