Luego de que un juez federal suspendiera de manera indefinida la reforma a la Ley Eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador, se espera se continúe el litigio entre las empresas privadas y el estado de Guanajuato para la búsqueda de una suspensión definitiva y por consiguiente el amparo, así lo explicaron los expertos en derecho, Laura Diana Orozco, Jorge Estrada y Marco Antonio García durante su participación en el programa "Nuevos Cambios" con Miguel Ángel Puértolas.
La actual reforma eléctrica que atraviesa México, es sólo la continuidad de la reforma energética implementada durante el sexenio del ex presidente Enrique Peña Nieto, por lo que más allá de la defensa de las fuentes limpias de energía se ha convertido también en la lucha por mantener el equilibrio de poderes en México ante un presidente que busca promover su reforma.
"La división de poderes le permite al poder judicial, le da las facultades de que cuando la autoridad está violando el estado de derecho, llegando más allá de lo que la ley le permite, el poder judicial puede pedir a la autoridad que no violente los derechos de los ciudadanos y da una suspensión”, explica la abogada litigante Laura Diana Orozco.
La reforma energética del 2013 abrió la puerta para comprar energía a los distribuidores privados autorizados por el gobierno y a raíz de ello la iniciativa privada comenzó a invertir en esta clase de proyectos que son los que hoy se están amparando ante la ley.
“La reforma eléctrica es una continuidad de la reforma energética que se da en el 2013 con el presidente Peña Nieto, en esta reforma del 2013 se hablaba de inyectar dinero tanto a Pemex como a CFE Porque estás dos empresas son consideradas empresas productivas del estado mexicano donde el gobierno mexicano tiene el 50 por ciento de participación de estas empresas", agregó Jorge Estrada Abogado y catedrático.
Actualmente Guanajuato tiene inversiones por más de 14 mil millones de pesos en proyectos de energías renovables que podrán verse afectados, el caso más cercano es el de la planta de energía eólica ubicada en el municipio de San Felipe Guanajuato que ya procedió a ampararse.
La idea del actual presidente, a través de su reforma eléctrica es volver a nacionalizar las fuentes de energía para que esas ganancias se queden dentro del país, la autoridad federal podría buscar llevar la pugna hasta el recurso de revisión que es resuelto a través del tribunal colegiado de circuito y es probable que está sea atraída por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es la máxima autoridad, agregó el experto en derecho, Marco Antonio García Martínez.
“El hecho de que los poderes puedan tener facultades plenamente determinadas para controlarse unos a otros, hace patente el derecho a la libertad para que no sea un poderoso o un soberano, como sucedía anteriormente el que tome las decisiones, quien emita las leyes y quién las aplique en los casos concretos”, explicó.
Las facultades del Poder Judicial le permiten que cuando la autoridad está violando el estado de derecho y llega más allá de lo que la ley le permite, pueda hacer un llamado para que no violente los derechos de los ciudadanos a través de una suspensión.
Si bien dentro de la reforma a la Ley Eléctrica promovida por el presidente de la República existen puntos positivos como la nacionalización de empresas del estado y que la CFE se convierta en el primer proveedor de energía para México, está privilegia las fuentes de energías no renovables como la termo eléctrica que recurre a la quema de combustibles, como en el caso de la ciudad de Salamanca cuyas implicaciones han alcanzado a la salud de la ciudadanía que hoy vive en niveles críticos de mala calidad del aire que exponen su vida.