MÉXICO.- Un Tribunal Federal rechazó echar atrás el auto de vinculación a proceso dictado contra dos ex colaboradores de la ex secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, y contra un ex funcionario universitario, acusados de estar involucrados en el caso denominado la Estafa Maestra.
El magistrado José Alfonso Montalvo Martínez, titular del Primer Tribunal Unitario en Materia Penal en la Ciudad de México, negó la protección de la justicia a la ex directora de Recursos Financieros de la Sedesol, Martha Lidia Montoya Santos; al ex director general de Desarrollo Comunitario de la misma institución, Israel Torres Gutiérrez, y al abogado general de la Universidad Politécnica de Chiapas (UPCH), José Roberto Aguilar Fuentes.
Hasta el momento, la resolución no ha sido notificada formalmente a la defensa de los ex servidores públicos y tampoco se ha publicado la sentencia, aunque el fallo está confirmado.
Los ex funcionarios promovieron un amparo contra la resolución de la magistrada Isabel Cristina Porras Odriozola, quien el 18 de diciembre de 2019, en la causa penal 391/2019, confirmó el auto de vinculación a proceso dictado en noviembre por la juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente, Beatriz Moguel Ancheyta.
La juez de control determinó que existen elementos probatorios para procesarlos por el probable delito de uso indebido de atribuciones y facultades.
La Fiscalía General de la República argumentó durante la audiencia que Lidia Montoya y Torres Gutiérrez autorizaron de manera ilegal un pago de 400 millones de pesos para la supervisión y mejora de comedores comunitarios en el Estado de México.
Para ello, explicaron los fiscales de la FGR, se contrató a la UPCH, pero existió una pérdida de entregables que acreditaran la ejecución de las obras. Según la dependencia federal, los pagos fueron adjudicados entre el 14 de abril y 6 de mayo de 2015, durante la Cruzada Nacional contra el Hambre.
La FGR aseguró que la Sedesol no verificó si la UPCH tenía la capacidad técnica, material y humana para realizar la mejora de los comedores comunitarios.
mvls
MÉXICO.- Un Tribunal Federal rechazó echar atrás el auto de vinculación a proceso dictado contra dos ex colaboradores de la ex secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, y contra un ex funcionario universitario, acusados de estar involucrados en el caso denominado la Estafa Maestra.
El magistrado José Alfonso Montalvo Martínez, titular del Primer Tribunal Unitario en Materia Penal en la Ciudad de México, negó la protección de la justicia a la ex directora de Recursos Financieros de la Sedesol, Martha Lidia Montoya Santos; al ex director general de Desarrollo Comunitario de la misma institución, Israel Torres Gutiérrez, y al abogado general de la Universidad Politécnica de Chiapas (UPCH), José Roberto Aguilar Fuentes.
Hasta el momento, la resolución no ha sido notificada formalmente a la defensa de los ex servidores públicos y tampoco se ha publicado la sentencia, aunque el fallo está confirmado.
Los ex funcionarios promovieron un amparo contra la resolución de la magistrada Isabel Cristina Porras Odriozola, quien el 18 de diciembre de 2019, en la causa penal 391/2019, confirmó el auto de vinculación a proceso dictado en noviembre por la juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente, Beatriz Moguel Ancheyta.
La juez de control determinó que existen elementos probatorios para procesarlos por el probable delito de uso indebido de atribuciones y facultades.
La Fiscalía General de la República argumentó durante la audiencia que Lidia Montoya y Torres Gutiérrez autorizaron de manera ilegal un pago de 400 millones de pesos para la supervisión y mejora de comedores comunitarios en el Estado de México.
Para ello, explicaron los fiscales de la FGR, se contrató a la UPCH, pero existió una pérdida de entregables que acreditaran la ejecución de las obras. Según la dependencia federal, los pagos fueron adjudicados entre el 14 de abril y 6 de mayo de 2015, durante la Cruzada Nacional contra el Hambre.
La FGR aseguró que la Sedesol no verificó si la UPCH tenía la capacidad técnica, material y humana para realizar la mejora de los comedores comunitarios.
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